Una de las propuestas aprobadas ayer por unanimidad de los miembros del consejo de administración del Puerto fue la norma que impide el aplazamiento del pago de una deuda por un plazo superior a los dos años. Vencido este tiempo, el deudor dispondrá de una moratoria de 60 días para hacer el desembolso o de lo contrario, "iremos por la vía de apremio a la Agencia Tributaria", avisó Enrique López Veiga.
Según explicó en rueda de prensa, la ley de Puertos ofrece muy poca flexibilidad en la negociación de estos aplazamientos ante la exigencia de equilibrar gastos e ingresos. "Esta norma no va dirigida a lo que ocurre con el Náutico pero sirve de ejemplo", reconoció Veiga, quien volvió a insistir en que "el Puerto no es el principal acreedor" del emblemático club -"su deuda es pequeña", añadió-, que precisamente pretende un plazo más amplio que dos años para saldarla. "De 8 y a 16 meses es el margen de tiempo que veníamos ofreciendo hasta ahora solo que con esta norma evitamos tentaciones y lo situamos en dos", argumentó.
