El juicio por la venta fraudulenta de GEA se aplaza al estar prófugo un exdueño del grupo

La Audiencia emite una requisitoria para localizar a Enrique Tatay, al que ya le constan órdenes de captura de juzgados de Valencia -Cinco exdirectivos afrontan prisión por alzamiento de bienes

28.01.2016 | 02:23
Dos de los acusados, en el banquillo, mientras acceden a la sala antiguos trabajadores de GEA. // M.G.B.

La espera por el juicio fue larga. Veinte años. Pero todavía habrá que aguardar varios meses más. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, iba a iniciar ayer la vista contra cinco antiguos propietarios y directivos del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) acusados de delito de alzamiento de bienes por vaciar presuntamente de patrimonio a este grupo dedicado a la fabricación de cerámica y vidrio. Unas supuestas irregularidades ocurridas en los años 90 de forma previa a que esta industria viguesa, la misma que en sus mejores tiempos llegó a tener casi 6.000 trabajadores, entrase en suspensión de pagos y finalmente cerrase en 2001. El juicio, sin embargo, se aplazó. La razón fue la incomparecencia de uno de los encausados, Enrique Tatay Huici, empresario valenciano que fue uno de los presidentes de GEA y al que la sala no pudo localizar. Con dos órdenes de búsqueda y captura emitidas por un juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial de Valencia, ahora también lo busca la Audiencia viguesa, que acordó realizar un llamamiento por requisitoria. Si no se da con él, se le declarará en rebeldía y se celebrará la vista contra el resto de acusados. Las nuevas fechas del proceso son el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio.

Además de Tatay -quien fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Valencianos y que ya tuvo otros encontronazos con la Justicia que lo llevaron a prisión-, en el juicio de GEA hay cuatro acusados más: los también expropietarios Vicente Mata Román -sindicalista de la UGT- y los hermanos Mariano y Francisco Jiménez Ambell, así como el que fue consejero delegado y director general, José Orozco Mancheño. El fiscal pide 3 años de cárcel y multa de 15.000 euros para cada uno con la excepción de Mata Román, al que sólo acusa la acusación particular, que representa al grupo de extrabajadores que, con su lucha y denuncias, destaparon este caso que ahora llega a una sala de vistas.

GEA nació en 1927 y tuvo gran expansión, como lo demuestra que en los años 60 llegase a tener casi 6.000 trabajadores y una facturación de 5.000 millones de pesetas. Fue una de las primeras empresas cerámicas del mundo, con la porcelana Santa Clara como su buque insignia.

Pero tras los tiempos prósperos, llegaron los convulsos. Los hechos que se juzgarán se enmarcan en este período conflictivo. Se remontan a 1991, cuando el Instituto Nacional de Industria (INI) -que había adquirido el emporio en 1976- vendió GEA a las sociedades Pickmari y Fábrica de Loza en la Cartuja de Sevilla, cuyas acciones eran propiedad de la empresa Estudesa. El fiscal sostiene que los representantes de esta firma valenciana "concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito" transfiriendo patrimonio de GEA a Estudesa y Pickman, en perjuicio de los acreedores del grupo vigués: trabajadores, Seguridad Social, Ayuntamiento, proveedores, etcétera.

Para ello, fundaron Vanosa en 1993, firma cuyo capital era una finca del grupo ceramista vigués. Con este terreno como garantía hipotecaria, solicitaron al Banco Exterior de España un crédito de 450 millones de pesetas en beneficio de Estudesa. Pero el préstamo no se abonó y la entidad financiera se quedó la finca. Ya en 1996, y con el mismo fin de "beneficio económico", los responsables de Estudesa vendieron todas las acciones de GEA a otro empresario valenciano, el hoy prófugo Enrique Tatay. Posteriormente, el grupo vigués fue declarado en suspensión de pagos. Era 1997. Cuatro años después la empresa cerró sus puertas.

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