El PP urge explicaciones a Caballero por el concurso anulado y el quinto edil investigado

Muñoz acusa al alcalde de un"silencio cobarde" -El portavoz socialista, Carlos Font, le replica pidiendo que aclare la"privatización" del hospital -Marea de Vigo lo tacha de "escandaloso"

20.01.2016 | 04:55
El PP urge explicaciones a Caballero por el concurso anulado y el quinto edil investigado

El Partido Popular de Vigo lamentó ayer que en el gobierno local haya lo que calificó como "una especie de competición" por ver "quién lleva más imputaciones" después de trascender que la juez ha citado al edil de Participación Ciudadana, Santos Héctor, a declarar como investigado por el supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva. La portavoz de los populares, Elena Muñoz, subrayó que el vigués es "un gobierno multiimputado" y está en situación de "emergencia judicial". Por ello, ha exigido que el alcalde, Abel Caballero, dé explicaciones en el próximo pleno, tanto por esta nueva imputación, como por el cuarto concurso público anulado, en referencia al del mantenimiento de alumbrado público, y deje de "esconderse".

Carlos López Font, portavoz del gobierno local, expresó, a preguntas de los periodistas, su "absoluto respeto" a la justicia y a "cómo están actuando" sus compañeros. Además, replicó a la exigencia del PP de que el alcalde comparezca en el pleno para dar explicaciones, que el PSOE también espera que Muñoz haga lo propio y detalle cómo "firmó en siete minutos" la conversión del Álvaro Cunqueiro "de un hospital público en privado" durante su etapa como conselleira de Hacienda.

Preguntado sobre la posible relación entre la investigación a Santos Héctor y la reciente anulación del concurso de mantenimiento del alumbrado público, algo que han puesto en cuestión tanto PP como Marea, Font respondió desconocerlo. "Difícilmente puedo contestar porque no tengo acceso a la información", zanjó.

Tras ello, Muñoz le reclamó que "deje de hacer el ridículo y ser la marioneta de Caballero para levantar cortinas de humo absurdas cada vez que la Justicia hostiga a su Gobierno". En este sentido, le advirtió de que "sus intentos por no dar explicaciones no hacen otra cosa que multiplicar las dudas y las sospechas de todos los ciudadanos".

A Muñoz le resulta "curioso" que en la familia de Carmela Silva, teniente de alcalde y presidenta de la Diputación, haya "pleno empleo", ya que "por donde pasa va colocando a todos sus familiares", dijo.

Silva, a preguntas de los periodistas, aseguró que "ni me sorprende ni me deja de sorprender" la investigación judicial sobre su compañero en el gobierno de Vigo Santos Héctor en la causa que indaga sobre el supuesto enchufe de la cuñada de ésta. Preguntada por ello, aseguró que "no solo no tengo nada que decir, sino que no debo decir nada" ante este procedimiento judicial, al entender que serán los jueces los que "delimiten" esta cuestión. Silva insistió en que no tiene "ninguna implicación".

Sobre el concurso de alumbrado público, el edil popular Miguel Fidalgo hizo hincapié además en que la empresa que venía prestando el primero de los servicios que ahora se refunden en el concurso, Imesapi, es la misma que está siendo investigada por el supuesto enchufe de la cuñada de Silva. Fidalgo ha instado a Caballero a que revise el expediente, en el que, entre otras cuestiones, figura la subrogación de 43 trabajadores, uno de los cuales con un salario de 97.000 euros anuales.

Marea de Vigo

También el grupo municipal de Marea de Vigo se refirió ayer a estas dos cuestiones. Su portavoz, Rubén Pérez, tachó de "escandalosos los vínculos que muestran la existencia de un salario de 97.000 euros en una concesionaria municipal y procesos de investigación judicial abiertos". Además, reclamó al Concello que aclare si el empleado que tiene este salario coincide con el que "tuvo que declarar en dependencias policiales y judiciales" sobre la contratación de familiares de miembros del gobierno local.

"Es inaplazable la concreción de comisiones de control y seguimiento de las concesionarias públicas, sobre todo porque las sospechas de que se pueden convertir en plataformas de contratación partidaria de los gobiernos municipales está más que fundamentada", expuso Pérez.

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