El cambio que plantea la Xunta en la nueva Lei do Solo, que atraviesa sus trámites finales en el Parlamento de Galicia, permitiría desatascar proyectos clave como la ampliación de Balaídos, la estación intermodal o la Ciudad de la Justicia en un plazo de entre seis y ocho meses. El gobierno autonómico propone una variación en el artículo 144 de la norma, relacionado con las actuaciones de administraciones públicas. Al haber concluido el período de enmiendas a la ley será necesario que todos los grupos de la cámara den su placet a que se añada la modificación planteada a la ley. Este respaldo inicial no implica, sin embargo, que los mismos grupos apoyen la nueva legislación una vez se realice la votación final. La Xunta confía en que la ley esté lista en febrero.
Gracias a la modificación que proponen los técnicos de San Caetano los proyectos clave y promovidos por las instituciones podrían activarse en un breve plazo, de seis u ocho meses, sin tener que esperar a los dos años que supone tramitar un nuevo PXOM. Si los diferentes grupos aceptan la enmienda y la norma recibe luz verde, el proceso para estos proyectos sería relativamente rápido y sencillo.
La administración promotora del proyecto -el Consorcio Zona Franca en el caso de la ampliación de Balaídos, por ejemplo; o Vicepresidencia de la Xunta, en el caso de la Ciudad de la Justicia- se dirige a la consellería competente para que se inicie el procedimiento. Tras esta comunicación, la consellería emite un informe en el que justifica las razones de urgencia y excepcional interés público del proyecto, así como los intereses autonómicos afectados por el mismo.
Tras este paso el organismo autonómico solicita al Concello un informe para esclarecer si el proyecto afecta competencias de carácter local. El Consistorio dispone de un plazo estimado de entre 10 y 15 días para realizar ese documento. Según explican desde la Xunta de Galicia, los trámites desarrollados hasta este momento habrán consumido cerca de dos meses. A partir de entonces arranca la fase más compleja y larga, que requiere de diversos informes. El que consume más tiempo, habitualmente, es el que depende de Aena.
Una vez recibe el documento, la consellería competente se lo remite al departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que debe tramitar los informes sectoriales preceptivos del proyecto y el informe de la comisión sectorial de urbanismo. Ya con dicha documentación, el expediente se devuelve a la consellería correspondiente para que lo eleve al Consello de la Xunta, donde se aprueba.
Dicha aprobación tiene tres consecuencias: la primera, habilita al promotor para que inicie las obras; la segunda, obliga a que el Plan Xeral de Ordenación Municipal -vigente o futuro- se adecue a esta ordenación; y tercero, supone la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de bienes.
La portavoz municipal del PP, Elena Muñoz, destacó ayer que el cambio en la Lei do Solo permitirá acelerar la puesta en marcha de proyectos vitales para la ciudad, a los que brinda además seguridad jurídica. La popular contrapuso la "seriedad y eficacia" con la que San Caetano abordó la anulación del PXOM con "las prisas del alcalde", al que reprochó sus "continuas críticas" al ejecutivo gallego. Por esa razón Muñoz exige al gobierno local que, a la hora de diseñar el nuevo Plan Xeral, actúe con "el mismo rigor que ha demostrado la Xunta".
