Los dos juzgados de Familia de Vigo cerrarán este año con otra cifra récord de actividad. Por poco, pero estas salas, que en enero se verán por fin reforzadas con un tercer tribunal, superarán, con más de 3.200 causas, las abultadas cifras que ya hubo en 2014. Divorcios, separaciones, peticiones de cambios en las condiciones de la custodia, visitas o pensiones de alimentos para los hijos menores de los excónyuges... suponen una parte importante de su trabajo. Pero no la única. Porque entre las competencias de estos juzgados hay otras cuestiones que nada tienen que ver con las rupturas matrimoniales, como el control judicial de los internamientos de enfermos psíquicos en hospitales psiquiátricos, así como de los ingresos de mayores con demencia senil en centros de la tercera edad. La cuestión no es baladí, ya que representa la cuarta parte de los expedientes tramitados este 2015: más de 850. Y eso sin contar lo que están vivos de años anteriores, ya que, mientras los afectados sigan internados, son ineludibles los preceptivos controles periódicos. Y en 2016 el volumen de trabajo que representa esta concreta labor aumentará. La razón es el inminente cierre del Hospital Rebullón, que, al estar ubicado en Mos, en cuestión de internamientos dependía judicialmente de Porriño. Con el traslado de los ingresados de ese centro al Nicolás Peña de Vigo, la competencia de los mismos recaerá en las salas de Familia de la ciudad olívica.
Las 68 plazas que hay en el Rebullón para enfermos psiquiátricos, todas en régimen de internamiento, se reubicarán en el Nicolás Peña. El traslado de los pacientes está cercano, ya que está previsto para el próximo 19 de enero: de hecho en el hospital vigués se están realizando obras para adecuar las instalaciones. Fuentes judiciales señalaron que esos ingresos competerán a los juzgados vigueses, que a día de hoy ya se encarga de las autorizaciones judiciales y posterior control de los internados en el Hospital Álvaro Cunqueiro y en las clínicas El Pinar y San José.
Comisión judicial
A la espera de ver cómo el cierre del Rebullón afectará a la carga de trabajo en Familia, las cifras actuales ya evidencian que ésta es elevada. A lo largo de este año, y en lo que internamientos no voluntarios de pacientes con patología mental se refiere, hubo 617 casos. Los dos juzgados titulares se distribuyen la guardia a estos efectos por semanas. La mayoría de afectados son adultos que no acceden voluntariamente a ingresar en el hospital psiquiátrico o que no están en condiciones de decidirlo por sí mismos, aunque también hay casos de menores, donde la autorización judicial es siempre obligatoria.
Una vez se recibe la comunicación del centro de que hubo un internamiento no voluntario, la comisión judicial formada por juez, letrado de la Administración de Justicia -antiguo secretario- y forense se traslada allí para ratificar el ingreso, que es la decisión más habitual. La Fiscalía interviene en el proceso, que sigue vivo en el juzgado mientras el enfermo esté hospitalizado: hay que hacer un seguimiento de su situación médica. "Ese control debe hacerse cada tres meses", dicen en un juzgado.
A la labor con estos pacientes psiquiátricos se unen las peticiones por parte de residencias de la tercera edad de autorización judicial para los ingresos de aquellas personas que debido a una demencia senil u otro tipo de enfermedad no estén capacitadas para decidir sobre sí mismas. Este año hubo 236. El trámite es muy parecido, ya que moviliza a la comisión judicial, que debe trasladarse a geriátricos de Vigo y Val Miñor. E interviene el fiscal. El seguimiento posterior a la aprobación del ingreso se hace cada medio año. "Hay casos de internamientos que se llevan controlando desde hace años", explican. Y es que mientras continúen en el centro, el expediente sigue abierto y no se archiva.
Y además de internamientos, los juzgados de Familia deben asimismo decidir sobre los procedimientos de incapacidad, trámite que suele ser solicitado por familiares directos de los afectados. Hubo 240 casos. Las salas hacen un control periódico del tutor, además de encargase de todas las incidencias que conllevan las tutelas.
