Este lunes entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, un cambio legal que trae consigo no pocas novedades. Una de las modificaciones clave es el establecimiento de límites en la duración de la instrucción de los delitos: un plazo ordinario de 6 meses para las causas sencillas y de 18 meses, con la posibilidad de prorrogarse hasta 36, para las consideradas complejas. Un imperativo legal que ha obligado a hacer recuento de todas las investigaciones judiciales que se encontraban en trámite cuando este 7 de diciembre comenzó a aplicarse la reforma. Un informe elaborado por la Fiscalía Provincial de Pontevedra en función de los datos disponibles en su aplicación informática Fortuny cifra en más de 600 los casos que a día de hoy están en plena instrucción en Vigo y que hay que controlar para no excederse en los tiempos que marca el texto legal o bien para, si así se estima necesario, pedir prórrogas al considerarse que los límites ordinarios no serán suficientes para completar las indagaciones. Los datos del Ministerio Público no coinciden con los que manejan los propios juzgados, que elevan a unas 2.000 las causas en instrucción a fecha de la entrada en vigor de la norma y que, como los que se registren desde ahora, estarán sometidos a los nuevos plazos.
La medida afecta de lleno a los ocho juzgados de Instrucción y al especializado en Violencia sobre la Mujer de Vigo. Aunque estas salas registraron a lo largo del pasado año en global más de 55.000 causas, un grueso importante de estas diligencias quedarán totalmente al margen de los plazos máximos que se imponen. Ocurre por ejemplo con el notable número de asuntos que se sobreseen provisionalmente ya de inicio por variadas causas o los relativos a los delitos leves (las antiguas faltas), ya que en este último caso son procesos que se señalan directamente para juicio sin necesidad de labor investigadora por parte del juez.
Los plazos de 6 y 18 meses de la instrucción serán desde que se incoa el asunto hasta que se dicta el auto de transformación en procedimiento abreviado -o de conclusión de sumario si es un procedimiento de esta índole-. La Fiscalía, en un informe realizado a principios de noviembre, cifraba en más de 1.700 los asuntos que había en plena instrucción en la provincia de Pontevedra a esa fecha, de los cuales 613 son de Vigo. Los de tramitación sencilla deberían estar terminados antes del 6 de junio de 2016 -si son complejos el plazo es mayor-, cuando se cumplirán los seis meses desde que este lunes entró en vigor la ley. En algunos de estos procesos los fiscales ya han pedido su cierre, según fuentes del Ministerio Público, mientras en el resto habrá que hacer un control para valorar aquellos que no se excederán de los tiempos máximos de la instrucción o aquellos en los que, al contrario, será necesario pedir prórrogas.
Las solicitudes de ampliación de los tiempos de la investigación serán a instancia de los fiscales, que a su vez serán puntualmente informados por los juzgados. En estas salas se da por hecho que las peticiones de prórroga serán habituales. "Intentaremos acabar cuanto antes las instrucciones, pero muchas veces no será posible, y no por causa del juzgado; hay informes periciales, por ejemplo, que tardamos más de seis meses en recibirlos", afirman. "O otro supuesto frecuente; en un delito de lesiones no puedes cerrar la investigación mientras el herido no esté curado, porque es preciso el informe final de sanidad", dicen. La falta de medios, alertan, es otro hándicap . "El juzgado es como un embudo, acaba en una sola persona, el magistrado, que debe celebrar juicios, tomar declaraciones, hacer diligencias...; se necesitarían más jueces", concluyen.
