El gobierno local de Vigo aprobó esta mañana con su mayoría absoluta en el pleno de la Corporación el presupuesto de 2016, que asciende a 225,9 millones, tras un debate marcado por la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el Plan Xeral y por las protestas de un grupo de feriantes en el público que reclama la reapertura de los mercadillos de la ciudad.
El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, defendió el "marcado carácter social" de las cuentas, que aumentan un 2,7% respecto a las de 2015. "75 de cada cien euros se dedican a los ciudadanos", manifestó. La portavoz del PP, Elena Muñoz, aseguró que "estos no son los presupuestos de los vigueses" y tildó de "prepotentes y arrogantes" a los socialistas por desestimar todas las alegaciones, entre las que se incluyen 40 de los "populares". Rubén Pérez, edil de Marea, reclamó que se vuelva a elaborar el documento con una consulta previa a entidades ciudadanas, y rechazó que Vigo sea el Concello con más gasto social de España como asegura el gobierno local.
Los feriantes interrumpían las intervenciones de los socialistas con gritos de "Mercadillos, solución" e increparon al gobierno local. "Hay 180 familias afectadas, que comen todos los días", protestaban, exigiendo que el Concello autorice las ferias de Bouzas, Coia y Beade, cerradas temporalmente sin fecha por el gobierno local por motivos de seguridad tras el tiroteo hace cinco semanas en el circunvalación.
La sentencia del Plan Xeral sobrevoló todo el debate, con duros reproches entre PSOE y PP. Muñoz, que mantuvo un agrio enfrentamiento con Carmela Silva, aseguró que "este presupuesto no sirve porque no tiene en cuenta el cambio que supondrá en la recaudación por IBI", y atribuyó el fallo del Tribunal Supremo a que los socialistas "paralizaron el Plan" cuando gobernaba Corina Porro. Carlos López Font sostuvo que el PXOM que quería aprobar el PP "era el de la especulación", y subrayó que el gobierno encabezado por los socialistas en 2007 "duplicó la vivienda social". Aneiros negó que la sentencia vaya a tener incidencia sobre la recaudación del IBI. "Le voy a dar una clase en mi papel de profesor de Derecho", espetó a Muñoz, para a continuación explicar conceptos de la ley catastral que justificarían el nulo efecto negativo de la resolución judicial. Rubén Pérez sostuvo que "van a tener que modificar el presupuesto por la sentencia, porque la situación no es la misma que en octubre", cuando se confeccionó el proyecto de las cuentas.
Alegación sobre chalecos antibala
Una de las alegaciones fue presentada por el sindicato SICO, mayoritario en el Concello, que reclamaba partida para la compra de chalecos antibala a todos los agentes de la Policía Local. Marea criticó que no se aceptase la enmienda, y Font defendió que el cuerpo de seguridad municipal "está perfectamente dotado en el presupuesto".
