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Un exempleado de un puesto de A Pedra declara que recogía ropa falsa en dos almacenes y un piso

El trabajador, que dice que hacía lo que le mandaban, es uno de los imputados ya interrogado por la magistrada -La mayoría guardaron silencio o negaron la venta de prendas falsificadas

Un agente durante un registro en un local de A Pedra. // Marta G. Brea

La tónica general de los imputados de A Pedra ha sido hasta el momento la de acogerse a su derecho a no declarar, guardando silencio ante la juez, o bien defender su inocencia negando que se dediquen a la venta de ropa falsificada, incidiendo también especialmente en que sus propiedades tienen un origen lícito, como varios que expusieron que o bien las adquirieron fruto de su trabajo o, sobre todo en el caso de las fincas, que las recibieron en herencias. Pero al menos en un caso las manifestaciones siguieron otros derroteros: un hombre que trabajó durante unos siete años para otro de los imputados en el caso manifestó ante la magistrada que era consciente de que prendas que se vendían en el puesto del que era empleado eran falsas, concretando que, siempre porque así se lo ordenaban, las iba a recoger a tres almacenes en las que se guardaban y que están ubicados, según su testimonio y según reconoció en las fotos que le mostraron, en el mismo mercado vigués, en la avenida de Florida y en una vivienda.

La instrucción judicial continúa cuando ya transcurrieron más de 13 meses desde la mayor macrorredada que se recuerda en A Pedra. Muchos vendedores imputados -hay más de medio centenar- ya han declarado ante la juez, pero los interrogatorios aún no finalizaron. Ayer hubo una nueva jornada de toma de declaraciones y uno de los imputados, trabajador hasta 2014 de uno de los puestos, contó que era consciente de que en el local del que era empleado se vendía ropa falsa porque conocía las marcas que eran y el bajo precio no se ajustaba a lo que costarían de ser originales. En su relato, según las fuentes consultadas, concretó que en el puesto solía haber una pequeña cantidad de prendas, y si venía algún cliente que quería alguna pieza de talla o color que no estaba allí, lo enviaban a cogerla a los almacenes. Al ser preguntado, a tenor del contenido de sus manifestaciones, sobre si tenía enemistad con su antiguo jefe, el hombre contestó que su mujer había recibido "amenazas".

El efecto más palpable de la redada de A Pedra fue la clausura de 53 puestos. Aunque a día de hoy sólo quedan en torno a media docena de ellos clausurados por orden judicial, los comerciantes aún no han podido recuperarse del golpe de la redada y la mayoría de comercios están cerrados. Durante meses los vendedores se concentraron cada semana primero en A Pedra y después ante los juzgados para exigir la reapertura, al hacerse su situación insostenible, no sólo por verse privados de los ingresos que les deparaban sus locales, sino porque también tuvieron las cuentas bloqueadas. "Es un castigo duro tener tanto tiempo los negocios cerrados, hay que estudiar a cada uno de forma individual para evitar que paguemos por lo que hicieron otras personas", decían en una protesta.

A la espera de más informes y de la tasación de las prendas incautadas

  • Además de a imputados, la magistrada ya ha tomado declaración a algún testigo, así como a policías nacionales y a efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que participaron en la redada, según concretaron las fuentes consultadas. Al tiempo que se van desarrollando los interrogatorios -todavía no han finalizado-, están llegando asimismo al juzgado los informes periciales sobre las prendas incautadas, como por ejemplo los que analizan los logotipos de las marcas que constan en las prendas, si bien aún no están todos. También falta una prueba clave, que es la tasación de los miles de efectos incautados.A la espera de que se determine si la juez mantiene o no la imputación contra los imputados actuales -en al menos diez casos ya se archivó la causa el pasado mes de septiembre al "no aparecer justificada la perpetración" del ilícito que se les atribuía-, los delitos por los que se abrió el caso fueron, entre otros, contra la propiedad industrial y supuesto blanqueo de capitales.

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