La patronal de la provincia alerta de que la anulación del PXOM es un "problema grave" que trasciende las fronteras de Vigo y afecta a todos los sectores, por lo que ofrecen su "máxima colaboración" a la Xunta y el Concello para encontrar una solución "cuanto antes". Impulsada por esa preocupación, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) celebró ayer una reunión de urgencia con expertos en urbanismo en la que se debatió sobre las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que deja a Vigo sin su Plan Xeral. A la cita acudieron representantes de la construcción, pero también de otros colectivos, como el comercio, el metal, el naval o la automoción. Las conclusiones se trasladarán a las administraciones. "Todo nuestro compromiso de colaboración para que este tema se resuelva. La CEP no se posiciona políticamente ni a favor ni en contra de ninguna administración. Lo que queremos es que esto se resuelva y por eso trasladamos nuestra máxima colaboración a todas las administraciones", apuntó su presidente, Jorge Cebreiros.

Uno de los impulsores de la reunión fue el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, quien remarcó que la anulación del PXOM es un problema "transversal, que afecta a toda la sociedad y a todos los colectivos empresariales". Según reconoció, el nuevo escenario que abre la sentencia del Supremo sume al sector de la construcción en "montones de dudas". En los últimos días, Garrido ha insistido en que el resolución de la alta instancia aboca al sector a la "inseguridad jurídica" justo cuando las empresas "empezaban la recuperación", después del severo varapalo que les asestó la recesión.

Los técnicos que participaron en la reunión plantearon aprovechar el trabajo que ya se realizó para elaborar el actual PXOM, aprobado en 2008. "El plan hay que hacerlo de nuevo, partiendo de cero en cuanto a su tramitación. Cuestión distinta es que aprovechemos el trabajo ya efectuado. Es decir, que si el modelo de ciudad que se plantea esta corporación es el mismo que el que ya se aprobó en 2008, aprovéchese todo el trabajo realizado. No empecemos de cero a imaginar toda la ciudad. Ese trabajo ya está hecho y lleva mucho tiempo", recordó Carlos Coladas, asesor jurídico de Aproin. Según estima Xabier Rivas -el "padre" del Plan Xeral ahora anulado- los trámites podrían durar al menos dos años.

"Una cuestión relevante será qué plan es el que se tramita. Si es este mismo, con sus contenidos, la tramitación puede simplificarse mucho. Primero en el sentido de que el modelo ya está construido, es conocido y además sus contenidos ya han sido informados. Por eso parece que sus plazos serán más cortos", abundó Rivas. Quien ejerció además como gerente de Urbanismo apuntó que la tramitación podría realizarlos la gerencia, a la que ve con "capacidad profesional sobrada", o un servicio externo. Una u otra opción variarían los plazos.

Los técnicos recordaron también que hay "unos 50 ámbitos" anteriores al PXOM anulado que siguen vigentes. "Recordemos que el PEPRI de Bouzas, el del Casco Vello y el plan especial de edificios a conservar son planeamientos que se aprobaron antes del PXOM de 2008; por lo tanto con su tramitación anterior, ya firmes, siguen en vigor", reflexionó Coladas antes de advertir que no estarían en la misma situación los cambios que experimentasen con el plan.

Interés supramunicipal

Otra idea que se abordó es la de aprovechar la figura de la supramunicipalidad en casos como el de la Ciudad de la Justicia. "En aquellos ámbitos en los que pudiera declararse interés supramunicipal cabría la vía de los instrumentos de la Ley de Ordenamiento del Territorio" -anota Rivas- "En algún caso, los que afecten a suelos de carácter industrial, habría que darles encaje en el plan sectorial de ordenación de áreas empresariales, que está vigente". Esas herramientas servirían sin embargo, según el experto, para "temas puntuales y concretos". "El 99% del plan no se resuelve y hay que hacerlo", remarcó.