Mazazo a la construcción en Vigo · Cumbre para analizar la sentencia que anula el PXOM

Mato y Caballero abren la senda para desbloquear la ampliación de PSA, ciudad judicial e intermodal

La conselleira facilitará "todos los instrumentos de ordenación territorial" para evitar la paralización del urbanismo -"Juntos buscaremos soluciones", proclama el alcalde -La "incidencia supramunicipal", vía para desbloquear los proyectos clave

03.12.2015 | 04:13
Tres cuartos de hora de reunión y comparecencia conjunta | Caballero y Mato hicieron declaraciones juntos en tono cordial tras reunirse en la sede de la consellería en San Lázaro por espacio de 45 minutos. El alcalde agradeció a la conselleira la llamada telefónica del día anterior para concertar la cita y afirmó que tuvo "buenas sensaciones"en el intercambio de ideas para encontrar soluciones al impacto de la sentencia del Supremo. La titular autonómica de Medio Ambiente destacó la "importancia de la colaboración para ser ágiles". Junto a Caballero por la parte municipal participaron la concejala de Urbanismo y exconselleira María José Caride, y el gerente municipal del ramo José Ramón Hernández Figueruelo. La secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas; y el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, acompañaron a Mato en la reunión para valorar el nuevo escenario urbanístico en Vigo.

La cooperación entre el Concello y la Xunta para evitar la paralización total del urbanismo vigués tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado el Plan Xeral echa a andar, con prioridad para los proyectos claves en Vigo que han quedado inesperadamente bloqueados: la Ciudad de la Justicia; las ampliaciones del polígono industrial de Balaídos y del Parque Tecnológico; y la estación intermodal de Urzáiz. La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y el alcalde, Abel Caballero, pactaron ayer, en una reunión convocada de urgencia en Santiago a iniciativa de la titular autonómica, emprender "un proceso de máxima colaboración" para minimizar daños. El Ayuntamiento marcará la hoja de ruta y la conselleira ofrece "todos los instrumentos de ordenación del territorio" que puedan reducir el impacto del fallo judicial y desatascar los infraestructuras estratégicas de la ciudad en peligro. "Juntos buscaremos soluciones y haremos mejor el camino. Cooperaremos y ahora toca poner las piezas una sobre otra", destacó Caballero.

Ni el alcalde ni Mato dieron detalles sobre el contenido de la cita, en la que analizaron las repercusiones de la sentencia y acordaron que los técnicos de ambas administraciones mantengan reuniones a partir de ahora con el foco puesto en evitar la paralización urbanística de Vigo. "Esta es la reunión del impulso político para resolver los efectos centrales y colaterales de la sentencia". Todo a su tiempo", manifestó Caballero. "La Xunta dará respuesta a todas las tramitaciones que se pacten y que sean prioritarias en cuanto el Concello nos las haga llegar", indicó por su parte Mato, quien no omitió que "los plazos en materia urbanística son largos, por lo que interesa la colaboración para ser lo más ágiles posible y dar el máximo impulso" a cada proyecto. Junto a Caballero acudieron a Santiago la concejala de Urbanismo, María José Caride, y el gerente de este departamento municipal, José Carlos Hernández Figueruelo. Acompañaban a Mato la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Infraestructuras, Encarnación Rivas, y el delegado autonómico en Vigo, Ignacio López-Chaves.

Planes sectoriales

Tanto las dos ampliaciones industriales estratégicas para Vigo, como la Ciudad de la Justicia y la estación intermodal tenían su cobertura urbanística con el Plan Xeral de 2008 ahora anulado. Los expertos consultados, tanto del Concello como externos, señalan que el principal instrumento para desbloquearlos es la figura del plan o proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. Este mecanismo permite a la Xunta asumir la ordenación y tramitación de suelos para infraestructuras cuya envergadura "transcienda del estricto ámbito local por su magnitud, importancia o especiales características", según reza el decreto 80/2000 que regula estos planes.

La ampliación del polígono de Balaídos es estratégica para el crecimiento de la planta de PSA-Citroën y sus planes de fabricar nuevos modelos en Vigo. Zona Franca y el Concello firmaron un convenio para expandir el polígono y dotar a la factoría de 50.000 metros cuadrados más. La primera institución pagaría la expropiación y la urbanización, mientras que al Ayuntamiento le corresponde realizar los trámites como Administración competente en la materia. La redacción del Plan Parcial ya ha sido contratada pero la sentencia del Supremo deja esta ruta en punto muerto. La vía de salida es el plan de incidencia supramunicipal.

Lo mismo ocurriría con la Ciudad de la Justicia. De hecho, el alcalde, Abel Caballero, ya solicitó años atrás esta figura a la Xunta, tanto con el gobierno bipartito como en el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo. Con ello aspiraba a agilizar la construcción de la infraestructura, que quedó bloqueada hasta julio de este año, cuando Caballero se reunió en San Caetano con el presidente de la Xunta.

El Concello ya ha expropiado el suelo y el Gobierno gallego introdujo una partida de tres millones en el Presupuesto de 2016 para iniciar las obras. La sentencia impide aprobar trámite urbanístico alguno con arreglo al Plan Xeral, con lo que vuelve a estar sobre la mesa la incidencia supramunicipal.

La estación intermodal en Urzáiz también ha quedado en el alero. Está construida y en funcionamiento una parte, la terminal del AVE, pero el proyecto aún debe completarse con el edificio Vialia, proyectado por Thom Mayne y que el Ministerio de Fomento quiere desarrollar mediante colaboración público-privada, así como la estación de autobuses anexa, que financiaría la Xunta. Si la Ciudad de la Justicia acumula un retraso de cinco años, no es menor el de la intermodal, que se ha demorado otro tanto y aún requiere de un acuerdo entre el Concello y la Xunta, que han creado una comisión tras la cumbre entre Feijóo y Caballero. Por ahora las posturas están alejadas: la Administración autonómica sostiene que son necesarios más terrenos para hacerla operativa mientras que el Concello mantiene que basta con la parcela disponible.

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