Mazazo a la construcción en la primera ciudad de Galicia

Caballero buscará con la Xunta fórmulas para salvar los proyectos estratégicos del Plan Xeral

"Requerirá un tiempo pero lo arreglaremos", asegura el regidor -El alcalde se reúne hoy con la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, que le ofrece "todo el asesoramiento" para minimizar el impacto de la sentencia del Supremo

02.12.2015 | 03:51
El alcalde, durante su comparecencia en Praza do Rei. // Ricardo Grobas

El Concello y la Xunta tratarán de ir de la mano para reducir el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado por completo el Plan Xeral de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, compareció ayer para hacer la primera valoración del fallo judicial y anunció que hoy a mediodía se reunirá con la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, para sondear fórmulas que permitan salvar proyectos estratégicos, entre los que, aunque no los citó, podrían encontrarse la ampliación del polígono industrial de Balaídos o la Ciudad de la Justicia por su interés general.

"Es bueno que vayamos juntos para tratar de minimizar el efecto negativo", expuso Caballero, quien asegura que se resolverá la situación originada por la sentencia. "Requerirá un tiempo, pero lo arreglaremos", subrayó.

Mato se puso en contacto con el alcalde durante el día para ofrecerle "todo el asesoramiento técnico que pueda ser útil en los pasos que habrá que dar en los próximos meses", señalan fuentes de la consellería, y planteó la conveniencia de celebrar la reunión, que se ha organizado con carácter de urgencia.

Caballero relató en su comparecencia los antecedentes urbanísticos hasta la sentencia del Supremo, que ha anulado el Plan Xeral por no haber sido sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Resaltó que el fallo anterior del Superior de Xustiza (TSXG) sobre el mismo recurso sí avaló el trámite seguido, a través de una resolución de "inviabilidad" emitida el 28 de marzo de 2008 por la Consellería de Medio Ambiente en respuesta a una solicitud del Concello al efecto, que databa de noviembre de 2006. La Administración local había pedido aplicar ese mecanismo para aprobar con premura el Plan por los posibles retrasos en proyectos estratégicos, quedando sometido el posterior desarrollo de cada ámbito urbanístico a controles de evaluación para garantizar el respeto al medio ambiente.

En todo caso subrayó que la sentencia del Supremo "va contra la Autoridad autonómica ambiental, no contra el Concello, al que reconoce el rigor y correcto proceder en lo que le compete, con estudio de sostenibilidad y mecanismos de protección para cada ámbito". También recordó que el fallo anula las dos órdenes de aprobación del PXOM con colores políticos diferentes en la Xunta: la de mayo de 2008, que dio vía libre al 98,5% del Plan, bajo mandato del bipartito; y la de julio de 2009, ya con el PP al frente del Gobierno gallego.

El alcalde opina que en el fallo del Supremo hay "un error de concepto" cuando discrepa de la premura alegada para eximir al PXOM de Vigo de la evaluación ambiental estratégica, ya que la primera aprobación, que afectaba a casi la totalidad del territorio, se produjo mes y medio después de la declaración de inviabilidad. La segunda, la que "tardó un año y dos meses" en producirse, solo atañe al 2% restante, destacó.

Caballero señaló que está por determinar aún hasta dónde hay que retrotraer la tramitación del Plan Xeral y si hay que partir de cero, y también estudian los servicios jurídicos si hay opciones de recurso por vía judicial. Entretanto el foco se centra en evitar retrasos en los proyectos estratégicos. "Hay vías para minimizar el impacto y ya tenemos propuestas encima de la mesa. Estamos estudiando los efectos de la sentencia y seguramente los técnicos de la Xunta también", comentó.

La ley urbanística incluye instrumentos que permiten tramitar planes al margen de un PXOM cuando su incidencia traspasa las fronteras del concello y son de interés general. Así ocurrió con el nuevo hospital, cuya ordenación asumió directamente la Xunta, o con la ETEA para desarrollar el aún pendiente campus del mar. En su día, con el bipartito autonómico y después con el PP, Caballero pidió al Gobierno gallego que siguiera el mismo procedimiento para acelerar la Ciudad de la Justicia, iniciativa que no cuajó.

Responsabilidades

El alcalde se refirió a las declaraciones del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que pidió "responsabilidades" por la sentencia del Supremo, en alusión indirecta a que el Plan Xeral se aprobó con el bipartito autonómico y al gobierno de Caballero. El alcalde recomendó a Rueda "que mida" sus valoraciones en este sentido. "Yo no voy a iniciar esa vía, pero todo el mundo puede hablar de pedir responsabilidades. Debe recordar que la sentencia anula también una aprobación del Plan Xeral durante su gobierno en 2009", resaltó.

La portavoz municipal del PP, Elena Muñoz, reclamó directamente la dimisión del alcalde en una comparecencia junto al edil Chema Figueroa. Caballero se mostró menos diplomático sobre este punto. "Tienen que serenarse, no vaya a ser que les pidamos responsabilidades a ellos", advirtió.

Para hacer hincapié en ello mostró un documento de noviembre de 2006 en el que la exalcaldesa popular Corina Porro solicita la "inviabilidad" del sometimiento a la evaluación ambiental, vía que autorizó un año y medio después la Dirección Xeral de Desenvolvimento Sostible. "Esa actuación fue iniciativa exclusiva de Porro y Figueroa", entonces concejal de Urbanismo, indicó el regidor.

Cuando la Xunta aprobó el grueso del Plan Xeral era conselleiro de Medio Ambiente Pachi Vázquez, y de Política Territorial la actual edil de Urbanismo, María José Caride. Preguntado al respecto Caballero apuntó que "no es la cuestión" central y que, de entrar en ese debate, también habría que incluir en las responsabilidades a Agustín Hernández (PP), conselleiro en 2009, cuando se aprobó la segunda orden.

"Ese debate no sé si es el que le importa a la ciudad en este momento", aseveró Caballero, quien garantiza que se encontrará "una salida razonable, con absoluto respeto y acatamiento de la sentencia" del Supremo.

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