El Plan Xeral (PXOM) de Vigo ha sufrido un serio golpe siete años después de su entrada en vigor y tras resistir casi un centenar de recursos judiciales. El Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia en la que declara el planeamiento "radicalmente nulo" por una tramitación ambiental "indebidamente justificada" de la Xunta, estimando un recurso de casación del colectivo Alternativa Veciñal, lo que deja en la incertidumbre todo el urbanismo de Vigo. La alta instancia judicial tumba en su fallo, adelantado ayer por FARO en su edición digital, otro anterior del Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que sí había avalado el procedimiento.
La Dirección Xeral de Desenvolvimento Sostible, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, resolvió el 28 de marzo de 2008 declarar la inviabilidad de la llamada "evaluación ambiental estratégica" alegando que demoraría la ejecución de "proyectos e infraestructuras con un importante coste económico y social", además de motivarlo en que ya se había expuesto al público el Plan Xeral y en que este incluye mecanismos de evaluación ambiental en la tramitación de cada urbanización, instrumentos que garantizarían la protección del medio. Dos meses después, en mayo de 2008, la Administración autonómica, entonces gobernada por el PSOE y el BNG, aprobó definitivamente el 99% del PXOM, quedando pendiente de corregir un 1%, al que se daría vía libre en julio de 2009, ya con mandato del PP.
El TSXG validó el proceder de la Xunta frente al recurso de Alternativa Veciñal. Sin embargo, el Supremo concluye en su reciente sentencia que se vulneró la ley ambiental y no existía la premura alegada por la Xunta para evitar retrasos. Se basa la sección quinta de lo contencioso-administrativo en que la consellería había recibido ya en julio de 2006 el Plan Xeral aprobado provisionalmente en el Concello. A pesar de esta circunstancia "la Administración ambiental competente deja transcurrir dos años prácticamente hasta declarar inviable su sometimiento al trámite" de evaluación ambiental estratégica, señala el dictamen judicial. Previamente a la resolución de la Xunta el gobierno local PSOE-BNG hizo otra aprobación provisional del Plan Xeral en diciembre de 2007 tras duplicar el porcentaje de vivienda protegida.
A ello agrega la sala que la aprobación completa del PXOM no se produciría hasta julio de 2009, con lo cual aún pasaría más de un año más desde la resolución hasta que el documento recibió el plácet final. Esta circunstancia, a juicio del Supremo, "demuestra que la pretextada premura no existía". Los otros dos motivos esgrimidos por la Xunta -la información pública y los mecanismos de protección de cada ámbito- tampoco justificarían jurídicamente la inviabilidad de someter el plan al procedimiento ambiental.
La sentencia cita otro caso similar en el Concello de Teo en el que se utilizó también la inviabilidad ambiental, en este caso en octubre de 2008. El Supremo declaró la justificación "insuficiente", una doctrina que ahora traslada al caso del Plan Xeral de Vigo.
La deficiencia en el procedimiento ambiental conlleva, a criterio de la sala, que los acuerdos de aprobación del PXOM deban ser "declarados radicalmente nulos".
El proceso para elaborar el Plan Xeral olívico se prolongó durante más de ocho años. El documento que rige todo el urbanismo de la ciudad entró en vigor en verano de 2008 y sustituyó al de 1993, marcado por decenas de sentencias que dejaron en situación irregular miles de viviendas en Vigo. El nuevo PXOM estaba llamado a recuperar la seguridad jurídica y de hecho había resistido hasta ahora la cascada de recursos de gran envergadura que se habían presentado instando la anulación total o parcial.
La mayoría de las demandas se produjo a raíz de los cambios introducidos por el gobierno bipartito en el Concello antes de la aprobación definitiva, principalmente al incrementarse la vivienda protegida del 22% de media en el documento provisional al 43%. Sin embargo, ha sido un trámite ambiental de la Xunta el que ha dejado en el alero el urbanismo vigués.
Los principales recursos se centraban en el hecho de que no se hubiera sometido el Plan a un segundo periodo de exposición pública al defender los demandantes que el aumento de vivienda protegida era una alteración "sustancial". Sin embargo, una detrás de otra las sentencias concluyeron que ese cambio no altera el modelo urbanístico y quedó cubierto por un nuevo estudio de viabilidad económica.
Aunque la actividad urbanística en los últimos años ha sido muy baja y no se ha desarrollado por ahora ninguno de los ámbitos estratégicos, muchos de ellos están en fase de tramitación, como ocurre en Samil, Cabo Estai o Tomás Paredes, área esta última en la que falta solo la aprobación del último trámite para iniciar las obras.
Pero el principal resultado del PXOM en estos siete años ha sido el de propiciar la legalización de la mayoría de las grandes urbanizaciones con licencias anuladas, muchas de ellas condenadas al derribo. Así, progresivamente obtuvieron nuevos permisos municipales el edificio de viviendas y el centro comercial de Jacinto Benavente, O Piricoto, los chalets, pisos y hotel de la Finca Sensat, las torres y el centro comercial de Finca do Conde, o los apartoteles de Samil. Con arreglo al Plan los jueces dictaminaron la "inejecución" de las sentencias de demolición que pendían sobre las viviendas y otros equipamientos.
