Aventurarse hace cinco años en una hipoteca parecía una quimera. Sin embargo, al contar con ayudas para viviendas protegidas, la cosa cambió y miles de familias se embarcaron en la compra de estos pisos.

Las condiciones de la firma de la hipoteca estaban claras: las familias debían tener unos ingresos mínimos y la cuantía mensual a pagar sería mucho más baja que en régimen general. Una de las bazas con las que contaban sus moradores es una ayuda aproximada de 100 euros al mes durante 10 años para hacer frente al pago de esa hipoteca. Cuando pasasen cinco años se revisarían las condiciones familiares y sí seguían cumpliendo con lo estipulado, seguirían recibiendo dicha remuneración.

Todo marchaba sobre ruedas hasta que en 2013 se suprimieron las prórrogas a estas ayudas de préstamos VPO (vivienda protegida), por lo que los 100 euros tan solo se reciben durante el primer lustro dejando los siguientes cinco años sin subsidio.

De los 300.000 casos en todo el territorio nacional, 4.000 afectan a la provincia y 600 sólo en Vigo. Ana María Martínez fue una de estas viguesas. Su situación ya está normalizada pero desde el 2013 no ha dejado de exigir lo que por ley y firma les corresponde. "Nos han quitado un derecho porque sí, porque les dio la gana. Nosotros firmamos nuestros pisos e hipotecas bajo unas condiciones y ahora de repente nos imponen otras", explica la coordinadora de la plataforma de afectados por la supresión del subsidio.

Desde 2013 sin ayudas

Reconoce que son muchas las familias que de saber este cambio en la legislatura no se hubieran metido en la compra de un piso. "Conozco casos de personas que llevan desde 2013 sin recibir una ayuda. 100 euros puede parecer muy poco, pero cuando la hipoteca es de 450 supone cerca del 25% de la cantidad y para muchas familias es indispensable. En estos cinco años son casi 6.000 euros los que pierden", revela Martínez. Ante tal desamparo, acudieron a presentar un recurso de inconstitucionalidad en el cambio de la normativa avalándose en que de saber que "el Gobierno se iba a autoeximir de prorrogar las ayudas, no nos hubiéramos embarcado en la compra de una vivienda".

Dos días atrás, el Tribunal Constitucional (TC) desestimó este recurso para indignación de 600 vigueses afectados, en su gran mayoría vecinos de Navia. "Cuesta luchar contra esto. Si el Constitucional ha rechazado nuestra petición, abandonaremos la vía jurídica para hacer presión por la política y que sea desde la alcaldía quién presione a la Xunta para dar marcha atrás a esta ley", explica.

El grupo municipal Marea entregó en el último pleno una moción para tratar este tema e instar al gobierno local la colaboración con los afectados.