El anuncio de la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal ha hecho saltar las alarmas de los colectivos de promotores, arquitectos y aparejadores de la ciudad, entre los que ayer se expandió la inquietud. Los colectivos buscan asesoramiento sobre el alcance del fallo y las repercusiones que pueda tener sobre los proyectos en marcha, los previstos y los ya ejecutados o legalizados al amparo de la normativa de 2008. A la espera de contar con más detalles, coinciden en calificarlo como una "muy mala noticia" para el sector, que llega, justo, cuando este vivía una tímida recuperación.
Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin) se trata de "una noticia catastrófica". Su presidente, Javier Garrido Valenzuela, lamenta que "la inseguridad jurídica vuelva a salir a escena" y que lo haga precisamente en el momento en el que percibían cierta recuperación en el sector de la construcción en la ciudad. Insiste en que la seguridad a nivel normativo es "indispensable" en estos proyectos. "Había muchos desarrollos que dependen del plan general que empezaban a salir y veíamos con ilusión la entrada de inversión de fuera", relata y se pregunta qué sucederá ahora con ámbitos como el de Cabo Estai Norte, cuyo plan inicial acababa de recibir el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo
Entre los promotores, el colectivo profesional más afectado por la sentencia, hay "máxima preocupación" ante el panorama que se abre ahora. Desde que se conoció la noticia, a media tarde de ayer, la alarma se extendió entre los promotores, que levantaron sus teléfonos en busca de asesoramiento sobre las posibles repercusiones de esta anulación en sus proyectos. "Está todo el mundo con la oreja caliente y consultando con los abogados", describe Garrido y añade: "Hay que tener en cuenta que es una actividad que requiere muchos recursos". Se mantiene prudente a la espera de tener más información, pero advierte de que si, finalmente, la sentencia "cercena la posibilidad de los desarrollos que están sobre la mesa" no solo se verá afectado el colectivo que representa, sino que tendrá repercusión en "el empleo". La asociación ya ha organizado una reunión para hoy en la que estudiarán la sentencia "con detenimiento".
La delegación viguesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia también se puso en contacto ayer con abogados y técnicos para abordar la cuestión en la reunión de la junta directiva prevista con anterioridad para hoy. "Esto ha cambiado todo el orden del día", admite su presidente, Antonio Davila y explica que el colectivo lo está viviendo "con bastante preocupación". Mantiene la cautela hasta saber "en qué sentido y hasta dónde" llega la anulación dictada por el Tribunal Supremo. "No es lo mismo que haya que presentar documentación complementaria para poder resolverlo o que haya que iniciar todo el proceso de nuevo", argumenta.
Lo que tiene claro el representante de los arquitectos es que "es una muy mala noticia, ahora que se estaba saliendo adelante". "No solo para los arquitectos", advierte, sino para toda la ciudad. Solo "la confusión generada inicialmente hasta que se sepa el alcance y se aclare la legalidad no es buena ni para inversores ni para propietarios...", sostiene
La lectura que hace el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Pontevedra es muy similar. A la espera de disponer de más detalles, su tesorero, Antonio Carballo, entiende que si vuelve la inseguridad jurídica será "un golpe muy serio" para el sector y teme que se convierta en su "puntilla". "Si bien no hemos salido de la crisis, sí teníamos constancia de que algunas promociones privadas, en dique seco durante tantos años, empezaban a retomarse", expone. Detalla que el colegio apenas está visando cuatro o cinco edificios colectivos al año. Le preocupa que, con el fallo, desaparezca la obra nueva y solo les quede la "rehabilitación como única salida".
El delegado en Galicia de la compañía Gesvalt, especializada en consultoría y valoración de activos, advierte de que el fallo no solo puede tener importantes repercusiones para el sector de la construcción sino también para los propietarios que hayan adquirido viviendas con base a la nueva normativa, las entidades bancarias que han invertido en promociones afectadas o la Administración local. Diego Esquer explica que las promotoras cuya licencia pierda legalidad con este fallo podrían interponer demandas por lucro cesante ante el Concello, al igual que los propietarios podrían reclamar lo que han abonado por tasas e impuestos. "Esto cambia todas las reglas del juego", sostiene y entiende que, si el municipio tiene que recuperar el planeamiento anterior, la Gerencia tendrá que analizar "obra por obra" si se ajusta al nuevo escenario legal. Pone también el foco sobre actuaciones que evitaron sentencias de derribo gracias al nuevo plan general, como es el edificio de O Piricoto o las torres Ifer. Reprueba la lentitud en las decisiones judiciales, que provoca estas situaciones tras siete años de desarrollo de un plan y justo en el momento en el que se percibía la reactivación del sector inmobiliario en la ciudad, con uno de los mayores crecimientos del precio de la vivienda en España. "Es un frenazo en seco a la inversión", concluye.
Javier Garrido Valenzuela - Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra
"La inseguridad jurídica regresa a escena cuando empezaba la recuperación"
Antonio Davila - Presidente de la delegación viguesa del_Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia
"La confusión que se genera hasta saber el alcance nunca es buena"
Antonio Carballo - Tesorero del Colegio O. de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Pontevedra
"Si vuelve la incertidumbre, puede ser la puntilla para el sector"
