Con motivo de la Cumbre de París, Labandeira rubrica a título personal una declaración impulsada por economistas franceses para exigir a los gobiernos que fijen un precio para el CO2. "Es un mensaje impopular, pero las políticas impositivas son un instrumento muy potente para reducir emisiones y conseguir ahorros con el mínimo coste", defiende.

También admite que los ejemplos en España han sido "bastante negativos". "Es un problema que afecta desde hace años a gobiernos de todas las ideologías. Los impuestos sobre carburantes son bajos en términos relativos. En Italia son más elevados por temas fiscales y esto lleva a la gente a buscar coches más eficientes y a cambiar hábitos. Y después hay que establecer ayudas para transportistas o familias con menos recursos. No puede ser que el ciudadano piense que la responsabilidad solo está en los políticos y las empresas. Conseguir una sociedad descarbonizada en 30 años exige un paquete muy ambicioso", advierte.

La mejora de la economía ofrece "oportunidades": "Las prioridades siguen siendo el paro o la desigualdad pero el cambio climático también preocupa a los ciudadanos. El nuevo crecimiento tiene que ser lo más limpio posible para no caer en los mismos errores. Es posible desacoplar el desarrollo de las emisiones".

En este obligado cambio de rumbo las administraciones locales juegan un papel fundamental. "En el centro de Florencia tenemos contactos en este sentido. Las ciudades tiene mucho que hacer para reducir emisiones no solo en la operación diaria del transporte o a la hora de decidir los equipamientos futuros, sino también en su planificación urbanística. La solución no solo depende de los políticos de Madrid, hay responsabilidades muy claras en Santiago, a nivel autonómico, y en los ayuntamientos", destaca.

¿Y qué puede hacer Vigo? "Como cualquier ciudad debe pensar en un desarrollo lo más neutral posible con respecto a las emisiones. Me consta que hay esfuerzos en el ámbito de la eficiencia y se apoyó la reunión del IPCC en 2012".