El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho un llamamiento a todos los regidores de España para que digan unánimemente que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local, "tiene que ser paralizada de forma inmediata y después tiene que ser derogada".
Además, en una rueda de prensa en Vigo, ha exigido "el 100 por cien de garantías" de que se suspende la entrada en vigor de la ley, pues ha recalcado que en este momento "no hay nada que lo garantice", a pesar de que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, manifestó en una carta la intención del Ejecutivo de aplazar la entrada en vigor de algunos aspectos de la norma que deben aplicarse el día 1 de enero de 2016.
"Queremos el 100 por cien de garantías, no queremos encontrarnos con el que día 1 entre en vigor en miles de ayuntamientos de España", ha insistido el regidor, que ha hecho hincapié en que "una carta no paraliza la ley; la ley se paraliza con otra ley", si bien ha añadido que tiene que ser el Gobierno el que concrete cómo se procede.
Así las cosas, ha llamado a los mandatarios españoles a alzar la voz en defensa de sus ciudadanos y contra una ley "con intención política" que "se inventó para prohibir que --los ayuntamientos diesen-- ayudas a las personas que más lo necesitan". "Las comunidades autónomas no quieren estas competencias, nosotros sí, y en el próximo sistema de financiación vamos a reclamar la financiación para estas competencias más importantes", ha adelantado.
En este marco, ha transmitido que le "sorprende ver la inacción del Gobierno de España en este tema". "No tiene ninguna voluntad ni ninguna intención de paralizar esa ley de forma visible", ha criticado Caballero, que ha mantenido que la rueda de prensa de este lunes se produce en estos momentos porque "aún queda margen de maniobra" para que se produzca la paralización "de forma fehaciente".
Campaña de "demonización"
Caballero ha acusado al gobierno popular de hacer "una campaña de demonización contra los ayuntamientos", diciendo que "malgastan y no atienden a los sistemas de eficiencia y sostenibilidad". "Pero después las cosas son de otra forma, porque la única administración que cumplió sus requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores somos las corporaciones municipales", ha mantenido.
En este contexto, ha vuelto a incidir que desde que el Partido Popular aprobó la ley de reforma local, regidores advirtieron "de las dramáticas consecuencias en toda España", así como de los "recortes, lagunas y carencias en la atención a personas" al quitar las competencias en política social a los ayuntamientos y otorgárselas a las comunidades autónomas.
De hecho, ha recordado que numerosos alcaldes, encabezados por Caballero, recurrieron esta ley ante el Tribunal Constitucional, iniciando un proceso "largo" que todavía sigue en tramitación, por lo que en este sentido el regidor socialista ha incidido en que "la solución no va a venir por aquí".
"Caos" social
El alcalde vigués ha vuelto a expresar que, pese a la nueva ley, "las comunidades autónomas no asumen esas competencias y, por tanto, dentro de un mes 2 millones y medio de personas en España se van a quedar sin asistencia social ni políticas sociales", lo que supondrá que el Estado entrará en "el caos social".
Por eso, ha adelantado, al gobierno que salga el próximo 20 de diciembre los alcaldes le pedirán que derogue esta ley "brutal", que, ha añadido, "no se hizo con criterios de racionalidad y sostenibilidad sino de recortar el apoyo a las personas que más lo necesitan".
Entre otras cuestiones, ha mencionado que si la ley entra en vigor los ayuntamientos dejarán de dar becas de comedor (lo que sólo en Vigo afectará a unos 5.000 niños), ayudas para alquiler de viviendas, para suministro energético y para alimentación, teleasistencia, y ayudas para formación para el empleo.
Tampoco podrán prestar servicios de ayuda en el hogar y de respiro familiar, ni de atención a mayores, a víctimas de violencia de género, a familias desestructuradas, a menores y a drogodependientes. Igualmente, ha dicho que cerrarán albergues y los ayuntamientos no podrán sostener escuelas infantiles (en Vigo cerrarán ocho escuelas) ni comedores sociales.
