La portavoz del PP, Elena Muñoz, calificó ayer de "mascarada" el protocolo firmado entre Caballero y Silva y asegura que "después de seis meses del PSOE en la Diputación sin hacer nada, su presidente acude a la ciudad a vender humo y no concreta ni un solo proyecto".

Muñoz asegura que, "de reclamar con vehemencia 50 millones de euros de inversión anual de la Diputación en Vigo, Caballero ha pasado a conformarse con una simple foto y una declaración de intenciones".

La responsable popular explicó que, con la salvedad de los 3,2 millones para la reforma de Balaídos "heredados del convenio firmado por [el anterior presidente de la Diputación, Rafael] Louzán, el presupuesto provincial para 2016 dedicado a Vigo es un misterio". Para Muñoz esta situación es "muy grave, pero lo es más que se escenifique un protocolo vacío de contenido".

La edil reclama a Caballero "que exija a Silva 50 millones anuales y las obras que pedía a Louzán". Recordó que el alcalde había solicitado al presidente anterior "tres millones para rehabilitar el antiguo Colegio Alemán, obras en varios pabellones, fondos para Peinador y el mantenimiento de los siete millones anuales para colectivos sociales, deportivos o culturales".

Por otra parte, la portavoz del PP aludió a la "incertidumbre" de los cientos de alumnos vigueses de la Escola de Gaitas de la Diputación que, según dijo, "desconocen el futuro del centro después de que Carmela Silva les haya retirado la subvención que les permitía desarrollar su labor formativa y cultural".

Críticas de los alcaldes del PP

Por otra parte, los 30 alcaldes del PP en Pontevedra entregaron ayer en la sede de la Diputación un escrito en el que solicitan a Silva una reunión con todos los regidores de la provincia para explicarles "cuáles son los criterios de reparto de fondos, qué conceptos incluyen, y qué cantidad se va a dar a cada concello". Los primeros ediles populares sostienen que los datos anunciados sobre el dinero que recibirá cada ayuntamiento "son falsos" y calculan, tras encargar informes a sus servicios económicos, que dispondrán de un 33% menos de fondos que con el anterior gobierno.