Al nuevo conselleiro de Sanidad se le acumulan los problemas en el área sanitaria de Vigo. En la misma semana en la que los jefes de servicio se han rebelado contra el equipo directivo, la Comisión Europea ha decidido someter a un "examen pormenorizado" la concesión del nuevo hospital de Vigo. Así se lo acaba de trasladar a la Asociación pola Defensa da Sanidade Pública en la resolución por la que admite a trámite su denuncia sobre la supuesta vulneración de la normativa estatal y europea en este contrato. El órgano comunitario, que ahora dará audiencia a la Xunta, prevé adoptar una decisión antes del mes de septiembre del próximo año. La Consellería de Sanidade ha rehusado hacer declaraciones al respecto.

La denuncia de la plataforma se apoya en tres pilares, según expuso ayer el letrado que la elaboró, Antón Beiras Cal. El primero es que no se ha respetado la legislación europea en cuanto a que la externalización de un servicio público debe ser "transparente, controlada y con los riesgos trasladados" a la concesionaria. Detalla que, en este caso, la UTE no asumió ningún riesgo: ni el de los plazos ni el financiero ni el de oferta -de remuneraciones en función de la calidad de la obra-. En segundo lugar, el colectivo argumentó ante Europa que hubo "engaño a Bruselas" para saltarse el pacto de estabilidad y que el coste del nuevo hospital no compute en las cuentas públicas como déficit. Por último, alegó que hubo una "ayuda del estado encubierta" a través del crédito del Banco Europeo de Inversiones.

La Comisión ha trasladado que "se propone adoptar una decisión sobre el fondo del asunto". Puede desestimar todas estas cuestiones y archivar el expediente; puede estimar parte; puede estimarlo todo o, en el curso de su investigación, puede encontrar otros motivos por los que abrir un procedimiento de infracción. Si es así, Beiras entiende que, "sin duda, obligará al cómputo correcto de la deuda pública" y, quizá, también al "rescate de la concesión". Si la Xunta no acatara lo exigido por la comisión en un plazo de cuatro meses, esta le pediría al Tribunal de Justicia Europeo que iniciara un contencioso.

¿Qué sucede a partir de ahora? "Les darán a la Xunta unos 30 días para entregar documentación o irán a Santiago a buscarla" los "hombres de negro", advierte el letrado.

Para la Asociación en Defensa da Sanidade Pública se trata de "un éxito político". Destacan ola importancia de la admisión a trámite de la denuncia, ya que la Comisión "lo normal es que las desestime" y, cuando las investiga, "el 90% termina con un tirón de orejas". Su portavoz, Manuel Martín, identifica esta resolución y la histórica marcha que el 3 de septiembre sacó a la calle a más de 100.000 personas como los "puntos de inflexión" en la lucha por la sanidad pública viguesa. "Este hospital va a acabar siendo rescatado y, luego, habrá que invertir en resolver sus deficiencias", concluyó.

La denuncia de la plataforma es un ataque directo a la colaboración público-privada por el que optó el Gobierno de Núñez Feijóo para construir el nuevo hospital de Vigo. Un modelo que, para muchos, es el origen de buena parte de los problemas de los que adolece en la actualidad el Álvaro Cunqueiro. Lo piensan los sindicatos, colectivos ciudadanos y los partidos de la oposición, pero también el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra y no pocos de los jefes de servicio del Chuvi. Los profesionales denuncian que la "bicefalia" en la gestión -por un lado, la sanitaria, en manos del Sergas, y por el otro, la de los servicios de apoyo, que lleva la concesionaria- retrasa la resolución de cualquier problema ocasionando que su funcionamiento sea poco operativo.