La aplicación de la reforma local, que transfiere las competencias sobre servicios sociales y educación que prestan los ayuntamientos a las comunidades autónomas a partir del 1 de enero, queda paralizada sin fecha. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha remitido una carta al alcalde vigués y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que explica que la transferencia no se producirá hasta que se aprueben las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales. Entretanto "las competencias deberán seguir siendo prestadas por los ayuntamientos", reza la misiva.

Caballero comunicó ayer que había recibido la carta de Beteta, en la que le traslada, según expuso el regidor, que "quieren dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -la denominada reforma local- hasta que se negocie una nueva financiación local y autonómica".

Caballero, que ha asegurado reiteradamente que la entrada en vigor de la norma supondría un "caos" en la atención social, apuntó que con la misiva "el secretario de Estado reconoce que la ley es una catástrofe" y "tiene que ser paralizada". Entre los servicios que se verían perjudicados mencionó las becas escolares de comedor, la atención social, los comedores sociales, y la teleasistencia.

El presidente de la federación de municipios transmitió ayer su "enorme agrado" ante lo que considera una "rectificación y reconocimiento del error del Gobierno de Mariano Rajoy en relación con las políticas sociales de los ayuntamientos", si bien indicó que ha encargado un estudio jurídico para conocer si una carta del secretario de Estado al presidente de la FEMP es "suficiente" para paralizar la ley.

"Yo me alegro muchísimo, pero encargamos un estudio para ver si es eficaz esta carta o si se requiere de alguna actuación de rango legal", comentó, antes de recalcar: "Esta carta nos da la razón" en relación a esta "nefasta" ley municipal.

Acuerdo de la FEMP

La junta de gobierno de la FEMP adoptó la semana pasada el acuerdo de solicitar al Gobierno una moratoria en la aplicación de la reforma local. Caballero reclama desde hace tiempo su derogación, y recuerda que existe un recurso de numerosos alcaldes ante el Tribunal Constitucional contra la ley.

En una de sus disposiciones adicionales esta recoge que con fecha 31 de diciembre de este año las comunidades autónomas asumirán los citados servicios sociales y de educación, y en otra la ley añade que "las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad".

Beteta señala tras exponer estos apartados que "habrá que estar a los términos y procedimientos que se establezcan con ocasión del nuevo sistema de financiación para que alcancen su plena efectividad". Por ello, aclara que, más allá del 31 de diciembre, los ayuntamientos deberán seguir prestando los servicios a la espera de la aprobación de las normas reguladoras.