Los concesionarios de la ciudad que comercializan los modelos de las marcas salpicadas por el escándalo del Dieselgate disponen ya de las listas de personas o empresas a las que vendieron vehículos fabricados con el polémico trucaje. Son datos que guardan celosamente pero sin duda indican que hay cientos de coches afectados. Según confirmaron a este periódico varios propietarios, el trato dispensado en esos establecimientos a la personas que se han dirigido a ellos personalmente o por teléfono preocupados por la situación de su vehículo "ha sido exquisito".
Estos clientes, sin embargo, aparte de la confirmación, a través del número de bastidor, de que el coche fue fabricado con esa anomalía premeditada, poca más información han podido recabar en los concesionarios. Todas las oficinas están a la espera de las directrices que imponga el grupo Volkswagen para resolver el entuerto.
Ante este impás resulta comprensible que un buen número de clientes haya consultado a organizaciones de defensa del consumidor como la OCU para saber qué pasos adoptar ante un fraude que ya le ha valido a la marca una imputación de la Audiencia Nacional. Otros han recurrido a bufetes como Mardoc para asesorarse sobre qué acciones legales llevar a cabo para hacer valer sus derechos. Para el abogado Antonio Mariño resulta "evidente" que el vehículo entregado por la marca no reúne las condiciones ofrecidas en su compra. Además de una publicidad engañosa, el letrado argumenta que el contrato de compra "no ha sido respetado en todos sus términos por cuanto se ha comprado un producto que no se ajusta a las especificaciones, infringiendo además las exigencias legales y reglamentarias para que este vehículo pueda circular por Europa y América del Norte, cuando menos".
