Los examinadores vigueses de Tráfico vuelven a trabajar toda la jornada completa tras más de dos meses de paros parciales pero con 300 pruebas pendientes por hacer a los alumnos afectados por la huelga. Estos funcionarios estiman que en "un par de semanas" ya no quedaría nadie con el examen retrasado por la huelga iniciada el 14 de septiembre y desconvocada este miércoles después de que los sindicatos alcanzasen un acuerdo con la dirección.
Del contenido de este acuerdo se desprende que los sindicatos consiguieron que fructificasen buena parte de sus reivindicaciones. El primer punto recoge el pronunciamiento explícito de que los exámenes para la obtención del carné de conducir "seguirán siendo un servicio público". La DGT se compromete a que "cada vez que se habla de este tema en algún foro público se reiterará la posición inequívoca asegurando que no existe voluntad de privatizar este servicio".
En cuanto al complemento salarial exigido, Tráfico asegura una "nueva instrucción de productividad" para 2016. En concreto propondrá que se asigne a los examinadores una "productividad transitoria" con incremento y que éste "no se produzca a costa de reducir la productividad de los colectivos de niveles inferiores al nivel 21".
Para evitar reacciones violentas tras la comunicación del resultado del examen -en Vigo no hay constancia de que se produjera casos así alguna vez pero en el sur de España es un problema creciente y grave-, la DGT acepta que sea el profesor de autoescuela quien transmita el resultado final "en ausencia del examinador o cuando éste no pueda resultar agredido". Para mayor seguridad se recomienda que las explicaciones sobre el desarrollo de la prueba, aunque se deberán facilitar en el momento, "se den en presencia del profesor de autoescuela y cada dos alumnos del examen que acaba de finalizar".
Otra demanda de los sindicatos se refería al excesivo número de pruebas que corresponde hacer a diario a los examinadores. Sobre este punto Tráfico se compromete también "a adoptar las medidas organizativas necesarias para que progresivamente disminuya el número de examinadores que realizan 13 pruebas". Para ello contempla entre otras medidas, el incremento en la plantilla de examinadores y "un seguimiento de los resultados obtenidos por las escuelas de formación" con el objetivo de reducir el número de convocatorias que precisa un ciudadano para aprobar el examen.
