Los 40 jueces decanos españoles cerraron ayer con una postura muy crítica las XXV Jornadas Nacionales que, por primera vez en su historia, se celebraron en Vigo. En sus conclusiones lanzaron un mensaje de alerta, tanto sobre la situación actual y futura de la Administración de Justicia, como por las últimas reformas legislativas. "El sistema actual carece de rumbo, de modelo y no sabemos a dónde vamos", resumió en su intervención el juez decano de Málaga, José María Páez. Pusieron el acento además en la necesidad de crear un "gran acuerdo" para apartar la justicia del debate político. "Debe ser de una vez por todas", coincidieron. Los magistrados, que representan a 2.000 jueces, llamaron también a dar un "vuelco" a la administración judicial para su "modernización" y reclamaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea el encargado de "liderar" sus propuestas de cambio. También le exigen que cumpla su obligación de limitar las cargas judiciales máximas una vez sobrepasadas. Las conclusiones las resumieron en 16 puntos que se exponen a continuación.
| Agilización de la justicia penal. El juez decano de Valencia (donde se celebraron las anteriores Jornadas Nacionales), Pedro Luis Viguer, hizo balance sobre las 58 propuestas lanzadas hace un año, centradas especialmente en la configuración del procedimiento penal y la lucha contra la corrupción. Su diagnóstico fue demoledor. "Había una falta evidente de voluntad política para la modernización del sistema judicial y nos hemos llevado la desagradable sorpresa de que estas 58 medidas prácticamente no han tenido acogida ni respuesta por parte del Poder Ejecutivo", censuró.
| Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los magistrados fueron también críticos con la "vorágine" de modificaciones legislativas. Y pusieron el acento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Van a tener una eficacia muy limitada y poco van a agilizar el trabajo de los Juzgados; se incrementan las garantías y los derechos de imputados, lo cual es loable, pero sin ningún tipo de dotación presupuestaria ni de incremento de medios materiales y humanos", recriminaron. De esta forma -agregaron- "es muy complicado que la modernización de la justicia llegue a nuestro país". De hecho, avisaron que los cortos periodos entre su publicación y aplicación "dificulta el estudio sosegado por parte de los juristas", lo que atribuyeron más a "oportunidad política" que a "exigencias jurídicas".
| Tiempos de instrucción. El límite de entre 6 y 18 meses fijado para los periodos de instrucción tampoco les convence. "Es una medida voluntarista que va a dificultar la tramitación de los procedimientos penales, y corremos el riesgo de que se puedan cerrar en falso", advierten. En este sentido, lamentan que se está trasladando que los procesos se dilatan por falta de dedicación de los jueces, algo que desmintieron con contundencia. "Si realmente se alargan es por falta de medios materiales y humanos". Y ahora -avisan- "se nos limita el tiempo de algo que muchas veces no podemos controlar". Su crítica va más allá. "Nos sorprende que lo único que se haya ocurrido para modernizar el proceso penal sea establecer unos plazos de instrucción sin más medios".
| Ley de Segunda Oportunidad. El balance de los ocho primeros meses de vigencia de esta ley que había generado enormes expectativas entre las miles de personas que lo habían perdido todo como consecuencia de la crisis, también es negativo. "Las solicitudes en España apenas llegan a 300. Significa que tiene una aplicación limitada y que algo está fallando".
| Desahucios. El juez decano de Valencia lanzó un llamamiento a las administraciones públicas. "Es necesario potenciar la colaboración para que los afectados dispongan de la necesaria información sobre posibles alternativas y ayudas en aras de evitar situaciones de exclusión social. Nosotros, desde luego, colaboraremos en todo lo que esté en nuestras manos", dijo.
| Nombramientos del CGPJ. La juez decana de Barcelona, Mercè Caso Señal, expuso las peticiones sobre los cambios en su propia organización, reclamando un regreso al sistema originario de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial "alejando al máximo órgano de los jueces de las influencias políticas" para garantizar la independencia judicial. Sobre el nombramiento de los altos cargos, su propuesta se centra en solicitar la "participación de los jueces de forma directa en el sistema" y siempre bajo los criterios de "transparencia, objetividad y democratización".
| Primera Instancia y Mercantil. Los jueces decanos urgen abordar medidas para superar la "preocupante" situación de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil que, recuerdan, "están absolutamente desbordados". ¿Sus propuestas? Reforzarlos, potenciar la unificación de criterios por las Audiencias Provinciales y la formación presencial en materia concursal.
| Jurisdicción Social y asistencia gratuita. Los retrasos superiores a dos años en la celebración de vistas ha llevado a los magistrados a reclamar la creación "inmediata de Juzgados de los Social y "medidas procesales de agilización para garantizar una rápida tutela judicial". Sobre la asistencia jurídica gratuita, solicitan que las Administraciones Públicas "doten presupuestariamente los fondos necesarios".
| Adscripción territorial. Reclaman establecer criterios "claros" de designación de Jueces de Adscripción Territorial (JAT) y garantizarles "los mismos derechos que el resto de la carrera judicial".
