El Concello se enfrenta a pagar tres millones por la sentencia de Rosalía

El Supremo obliga a estudiar posibles compensaciones a los dueños de la gasolinera, que reclaman 2,7 millones más intereses desde 1996

29.10.2015 | 02:22

A pesar de que la urbanización de Rosalía de Castro quedó regularizada en 2013 con arreglo al nuevo Plan Xeral tras un conflicto judicial de casi dos décadas, las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dejó en situación ilegal todo el ámbito en 1996 aún colean y podrían causar un disgusto económico al Concello.

El proyecto y estudio de detalle que daban cobertura a la urbanización fueron anulados hace 19 años por los jueces, que consideraron incompatible la gasolinera de República Argentina con la zona residencial. El TSXG emitió un auto en marzo de 2013 en el que aceptaba que la sentencia de 1996 se convirtió en inejecutable con la nueva clasificación del suelo en el Plan Xeral, lo que dio vía libre a la legalización de los edificios, ya construidos, con la concesión de licencias. Sin embargo, los propietarios de la estación de servicio que aún hoy sigue funcionando, reclamaron una indemnización de 2,7 millones más intereses a contar desde hace 19 años en concepto de extinción del uso de la gasolinera, el coste de reponerla en otra ubicación, y el gasto que supondría demoler la edificación de República Argentina, destinada con la clasificación del nuevo PXOM a aprovechamiento residencial.

El Tribunal Supremo acaba de reabrir la posibilidad de que el Concello tenga que hacer frente a esta indemnización después de que el Superior de Xustiza, en junio de 2014, no reconociese tal derecho a los dos demandantes. La sala gallega concluía que no existía un perjuicio tangible.

Los denunciantes acudieron en casación al Supremo, cuyo fallo en respuesta señala que, "tienen derecho a ser resarcidos por todos los perjuicios que la declaración de imposibilidad de ejecutar la sentencia [de 1996] les haya causado". Por tanto, añade, los recurrentes "han de tener la posibilidad de justificarlos en el incidente que a tal fin se sustancie, lo que el tribunal [Superior] les ha impedido, causándoles claramente indefensión".

La alta instancia anula el auto del TSXG que descartó la indemnización y ordena que se practiquen las pruebas "tendentes a demostrar los daños y perjuicios sufridos".

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