Los jueces decanos de toda España darán hoy a conocer desde Vigo sus recomendaciones para agilizar la administración de justicia y evitar el colapso de jurisdicciones como Primera Instancia, actualmente sobrecargada por la "entrada masiva" de demandas de productos hipotecarios complejos, la atribución de los procesos de la denominada ley de segunda oportunidad que regula los concursos de acreedores de personas físicas y que desde este mes se hará cargo además de las demandas de cláusulas suelo. La búsqueda de soluciones para esta rama en concreto centró parte de la tercera sesión de trabajo de las XXV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos que clausura hoy el ministro de Justicia en el Pazo Los Escudos. En dos de las ponencias intervino ayer el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, que contribuye con su diagnóstico a alumbrar posibles soluciones.
-¿Cuál es la problemática específica que afrontan los juzgados de Primera Instancia?
-Están en situación complicada en Valencia, Madrid y en varias ciudades gallegas por las demandas sobre productos financieros complejos. En Valencia nos entraron entre preferentes y acciones unas 14.000 demandas en tres años y el ritmo de señalamientos es trepidante. Además les han afectado las reclamaciones de deuda, les han atribuido los concursos de persona física no empresario de la ley de segunda oportunidad y las demandas de cláusulas suelo. Son juzgados sobrecargados y merecen de forma urgente unas medidas específicas para agilizarlos.
-¿Qué resultados está dando la ley de 2ª oportunidad que defendieron en sus últimas jornadas?
-Hay poco más de 300 solicitudes en un país con 46 millones de habitantes y centenares de miles de personas que durante la crisis han perdido todos sus bienes y en teoría deberían poder acogerse a este mecanismo. Algo está fallando.
-¿Dónde está el impedimento para que los particulares puedan renegociar sus deudas?
-El procedimiento español es complejo y excesivamente caro. Establece un periodo de prueba de cinco años en lugar de tres, el crédito con Hacienda y la Seguridad Social es intocable y el crédito privilegiado hipotecario que es el que afecta fundamentalmente a las familias prácticamente también queda fuera por lo que su utilidad práctica es escasa.
-¿Contaban con alguna estimación de los posibles beneficiarios?
-Sabemos que en los últimos meses ha crecido el número, pero sigue habiendo muchas cautelas por parte de los abogados y de los propios deudores que no acaban de atreverse a recurrir a la ley. Estoy convencido de que va a modificarse porque es muy necesaria. Mantener a estas personas en la economía sumergida es una torpeza por parte del Estado. Lo mejor es que vuelvan a pagar tributos y generar riqueza. Es una figura muy asentada en EEUU, Alemania o Francia.
-El año pasado alumbraron un paquete de medidas contra la corrupción. ¿Fueron atendidas por el Ministerio de Justicia?
-Una de las pocas cosas en que se nos escuchó y que recoge la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es la no remisión de atestados cuando no hay autor conocido para evitar papeleo y regular adecuadamente las diligencias limitativas de derechos fundamentales como las escuchas telefónicas. Había una gran inseguridad jurídica y se ha mejorado. Pero hay otras muchas demandas para combatirla de forma eficaz, la mayoría, que el Ministerio no ha abordado.
-¿Cómo podrían ser más ágiles en sus funciones?
-Es imprescindible la creación de un cuerpo de peritos contables que nos asesoren en la investigación de delitos económicos y hacen falta expertos informáticos para la fase de instrucción y que se limite la posibilidad de recurrir cada decisión del juez. Procedimientos con 40 o 50 imputados se vuelven ingobernables.
-¿Es viable que se fije un plazo de instrucción de seis meses?
-Tendría sentido si se les atribuyese la instrucción a los fiscales que no son un órgano judicial, pero en nuestro sistema no tiene sentido. Es imposible de cumplir.
-¿Cuáles son las principales limitaciones para cumplir ese plazo?
-Nuestro gran problema es la falta de medios. Los procedimientos no se retrasan porque el juez no trabaje o tarde en tomar una decisión, sino porque un informe caligráfico o de huellas puede tardar seis meses en llegarnos, porque se manda una comisión rogatoria a EEUU y puede tardar un año, porque traducir unas escuchas mantiene paralizado un proceso durante meses, porque en un registro amplio el atestado puede dilatarse seis meses,... El sistema en su conjunto no dispone de los suficientes medios materiales y humanos para ser ágil. Hacen falta policías, fiscales, jueces, médicos forenses?. Es un problema de todos. Creo recordar que la UDEV con todo lo que está cayendo en delitos económicos tiene alrededor de 300 agentes. Hablamos de una plantilla claramente insuficiente, por no hablar de que tenemos la mitad de jueces por cada 100.000 habitantes que la ratio europea.
