El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, explicó ayer que las fuerzas de seguridad continúan investigando el tiroteo ocurrido la semana pasada en la VG-20 y en el que resultó herido un ambulante del clan "zamorano", así como otros altercados entre feriantes. Villanueva detalló que "desde el primer momento" se ha producido un trabajo conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil, coordinados con Fiscalía.
El delegado confirmó que ayer mismo se celebró una reunión de ese "órgano" de investigación conjunto, con Fiscalía, para avanzar en las pesquisas de lo ocurrido. "Estaremos atentos al conflicto", señaló Villanueva, quien recordó que el enfrentamiento entre algunos grupos de feriantes de etnia gitana es "recurrente". Villanueva insistió en que lo ocurrido en las últimas semanas es "un tema preocupante" y "grave" y que el objetivo de las fuerzas del orden es "garantizar" la seguridad en los mercadillos.
Villanueva recordó en cualquier caso que los mercadillos con competencia de los ayuntamientos, que otorgan las licencias y deciden si se suspenden o no. Por ello el delegado del Gobierno reclamó la "implicación" de los consistorios. Sobre el tiroteo de la VG-20, apuntó que "es una investigación compleja, aún abierta" y explicó que el objetivo de las fuerzas de seguridad es detener a los responsables.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, se reunió por otra parte ayer con representantes de la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos (AGAA) y la Asociación de Vendedores Ambulantes de O Morrazo (Asvam),además de con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Coello pidió "tranquilidad y sosiego" y la "colaboración de todos".
Francisco Romero, de AGAA, valoró como "irresponsable" la decisión del Concello de Vigo de suspender el mercadillo de Bouzas el domingo. Según explicó, esa medida saturó el de San Cosme, en el que pudo "saltar la chispa" . Romero se mostró esperanzado en que se "imponga la ley" y se exija a todos los mercadillos el alta de los vendedores ambulantes para que no existan "paraísos fiscales".
Manifestación
Varios vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en el mercadillo de Bouzas plantean manifestarse el jueves por las calles de Vigo para criticar la supresión de esta feria el domingo. Así lo avanzó el portavoz del colectivo, Francisco José Fernández, quien mostró la "indignación" del colectivo ante esta decisión del Concello.
Fernández recordó que los feriantes pagan al Puerto 2.700 euros cada dos meses para poder utilizar 8.700 m2 de espacio y lamentó que el Consistorio adoptase la medida "sin contar" con el Puerto. El portavoz aseguró que la supresión afectó a 170 familias "que viven exclusivamente" de la feria, a las que se privó de su fuente de ingresos. Por esa razón, avanzó que la cancelación de la feria supuso unas "pérdidas económicas" que se van a reclamar por vía judicial al Concello.
