Con más de 220 casos en 2014, los delitos de corrupción se disparan en la provincia pontevedresa: un 67% con respecto al año anterior y un 81% si se comparan con los datos de 2012. La mitad son presuntas prevaricaciones administrativas -entre los que se incluyen 65 casos iniciados por diligencias de investigación de la Fiscalía-, y también crecen los de malversación -11- y cohecho -9-.
El Ministerio Público destaca que se afianza "la tendencia alcista" de estos delitos, resaltando el "abultado número" de prevaricaciones administrativas, algunas de las cuales se adecuan a lo que se recoge en el artículo 404 del Código Penal, que castiga "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".
La memoria de la Fiscalía Provincial de Pontevedra relativa al pasado año concreta que este tipo de delito "encuadra formas de corrupción, aún cuando ésta pueda considerarse de baja intensidad, fundada en decisiones administrativas con conciencia de su ilegalidad, que pese a ello son asumidas por los autores, lo que pone en entredicho entre otras cosas las figuras de los funcionarios que ponen de manifiesto esa forma de actuar a sus representantes, quienes a pesar de ello persisten en sus actitudes, hasta que éstas son denunciadas".
Son casos, se añade en el documento, en los que se aprecia "fórmulas de contratación de personal de forma irregular so pretexto de urgente necesidad". Otra modalidad delictiva, prosigue el Ministerio Público, es la realización de contratos administrativos de tracto sucesivo "para la realización de actividades o servicios cuya contratación debería ser sometida a concurso" o "la aceptación de gastos extrapresupuestarios de difícil justificación".
