"Soy la única que no le ha adjudicado ninguna obra". Esta ha sido la principal estrategia de defensa de María José Bravo Bosch para desvincularse de la presunta trama de contratos y obras públicas que investiga la Operación Patos y en cuya pieza principal están imputadas más de 50 personas, entre empresarios, funcionarios y políticos como el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán, y los ediles vigueses, Ángel Rivas y David Regades, entre otros cargos públicos y alcaldes.

Preguntada por su presencia en el sumario, la delegada llegó a asegurar que se lo esperaba pero que no temía ser imputada. Se le atribuye presunto trato de favor a Enrique Alonso Pais, dueño de Eiriña, al que ella consideraba "una persona de partido". "Decir que su influencia en la delegada es brutal,... es atrevido", defendió siempre. En el sumario figura una comida con Pais y el presidente del PP de Vigo, José Manuel Figueroa, sobre la que Bravo Bosch habría consultado por mensaje al presidente de la Xunta si debía o no acudir. En el informe de la UDEF aparece reflejada esa comunicación de mayo de 2013 y otras posteriores para plantearle a Feijóo los problemas de varios empresarios locales del naval y la construcción y solicitar que se agilizaran consultas médidas de personas que recurrían a ella.