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El fiscal pide 5 años de cárcel por estafar 600.000 euros a un banco con facturas falsas

Atribuye al constructor acusado certificaciones de obras y facturas "inventadas o con importes modificados"

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebrará la próxima semana el juicio contra un constructor para quien el fiscal pide cinco años de cárcel por estafar a un banco con facturas falsas. Según el escrito de la Fiscalía, M. A. G. G., administrador de la empresa Roymer Obra Civil,. S.L, logró un "enriquecimiento injusto" con esa metodología fraudulenta de 609.286 euros.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que el acusado mantuvo durante años relaciones comerciales con la sucursal del BBVA de García Barbón. En base a la presentación de las certificaciones de obras y facturas de los trabajos que realizaba su empresa, en su mayoría para la administración pública, el banco "le realizaba el pago anticipado de esos cargos que la entidad pública posteriormente reembolsaba al banco". Para mantener este acuerdo había suscrito una póliza de cobertura para la negociación de documentos y créditos comerciales.

El fiscal sostiene que M. A. G. G., presentó "una serie de certificaciones de obra, facturas y endosos de facturas fraudulentas" que le fueron abonadas en la cuenta de su empresa. "Eran o bien completamente inventadas (que no se correspondían con la ejecución real total de obra) o bien modificadas en los importes o en otros datos del documento respecto de obras realizadas por el acusado de otras tantas verdaderas, derivadas de sus relaciones con la Consellería de Cultura y Educación y el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar", asegura el Ministerio Público

Los documentos "fraudulentos" presentados a la sucursal bancaria que enumera el fiscal datan de marzo y diciembre de 2012. Refieren obras para la mencionada consellería, entre otras, en el Ceip de Roxos, Ceip Illas Cíes Vigo y CEE A Barcia. Entre las relativas al Consorcio de Igualdad figuran obras en el Ceip Oimbra de Ourense y en la Escuela Infantil Curtis, algunas por importe de 91.000 euros.

El fiscal aprecia en estas prácticas un delito continuado de estafa agravada. Además de los cinco años de prisión y la indemnización al BBVA con los 609.000 euros, pide para el constructor una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, 4.320 euros en total.

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