El juicio contra la Universidad por permitir que un funcionario vertiese durante años comentarios misóginos, amenazas e insultos a través de una lista de correo comunitaria quedó ayer visto para sentencia tras la intervención de los abogados de los tres profesores demandantes, la institución académica y el trabajador denunciado.

Los demandantes acusan a la institución de inacción y le reclaman una "condena pública y manifiesta" de estos comportamientos, así como la apertura de un expediente disciplinario y la investigación de una supuesta vulneración administrativa ya que el denunciado habría dado a conocer a través de varios correos información de carácter interno referente a varios profesores.

Por su parte, el representante legal de la Universidad defiende que la actuación de ésta fue correcta. Se circunscribe al periodo comprendido entre la primera denuncia de los tres profesores, en octubre de 2014, y el 13 de febrero de 2015, fecha a partir de la que Sergio Pajares dejó de enviar estos correos tras recibir una carta personal del rector en la que le reprocha sus comentarios "sexistas y misóginos".

Sobre los mensajes vertidos entre 2006 y ese intervalo entiende que ya han prescrito y sus asesoría jurídica tampoco encuentra motivos para la apertura de un expediente.

También alega que la Comisión de Igualdad publicó un escrito en la lista de avisos el 5 de febrero condenando el uso de foros públicos para atentar contra la dignidad de las personas y apelando a la responsabilidad individual. Como resultado de ambas acciones, la Universidad asegura que Pajares paralizó el envío de estos correos en febrero aunque los denunciantes aseguran que hay mensajes de contenido sexista y pornográfico posteriores a esa fecha.

Los demandantes han recopilado más de un centenar de correos enviados por Sergio Pajares desde el año 2006, puesto que todos son almacenados en un repositorio público, así como testimonios, pero la vista de ayer se centró más en cuestiones técnico-jurídicas y en la legitimidad de los tres profesores para denunciar a la Universidad, puesta en cuestión por la defensa del denunciado.

"No se entró demasiado en la cuestión de fondo, que es inapelable. Y tampoco hemos podido desplegar las pruebas que respaldan que esto ocurre desde hace mucho tiempo sin ningún actuación por parte de los órganos rectores. Por tanto, no se puede concretar en una confrontación de carácter político-sindical entre las partes como argumentó la defensa de Sergio Pajares", explica el letrado de los tres profesores, Héctor Silva.

Entre sus pruebas se encuentra el testimonio de Iolanda Veloso, profesora asociada entre 2000 y 2008, quien ayer acudió a los juzgados aunque finalmente no llegó a intervenir. En la vista en el Contencioso Administrativo Nº1 también estuvo presente Rosa Fontaíña, de la Rede contra o Maltrato, que también condenó los hechos como entidad adscrita al Consello Municipal da Muller.

Silva subraya las "incongruencias" en el comportamiento de la Universidad, que alega que Salustiano Mato envió una carta personal al funcionario reprochándole el contenido estereotipado y sexista de sus correos a raíz de la que éste cesó en su actividad el 13 de febrero, según sostiene la propia institución. "Se la solicitamos y allí no la presentaron. A día de hoy no sabemos si existe. Además, el 23 de marzo Salustiano Mato emite una resolución en la que inadmite el recurso de los profesores por esos mismos correos", plantea el abogado.

"La Universidad me ha sorprendido. Su dinámica está bastante lejos del concepto de lo que debe ser el ente público superior de educación. Muchos de sus instrumentos internos no funcionaron y es de destacar el empeño y el trabajo que ponen los tres profesores al iniciar esta denuncia. Si no es un trabajador, ¿quién es el que tiene que acabar denunciando?", se pregunta.

Los demandantes también argumentan que la institución no hizo cumplir su "propia normativa sobre el uso del correo comunitario. "Era un canal de comunicación y la gente acabó saliendo despavorida. Sergio Pajares actúa como el matón del patio y acaba convirtiéndolo en una taberna. Y la Universidad lo ha permitido en vez de actuar de oficio. Esto evidencia una clase de protección y complicidad por parte de la Administración", critica Ángel Rodríguez Gallardo, uno de los denunciantes.

Los demandantes señalan la "lucha desigual" que mantienen: "La comunidad universitaria es silente porque es complejo pronunciarse pero están hartos. La Unidad de Igualdad es un florero, es inexplicable que permita durante 10 años mensajes con una violencia enorme y maltrato desde el punto de vista discursivo".