El alcalde de Vigo, la Xunta y la mayoría de los regidores de los ayuntamientos del Área se han pronunciado a favor de desarrollar el ente de inmediato para compartir servicios y reducir costes. La voluntad es positiva por todas las partes, pero existen puntos de discrepancia a salvar para consensuar la reforma de la ley. Estos son los principales.

1 | Gobernanza La ley actual establece el criterio de "un alcalde, un voto" en la junta de gobierno, al que se opone frontalmente Caballero por considerar que no puede valer lo mismo el voto de Vigo (295.000 habitantes) que el de, por citar el menos poblado, Fornelos (1.785). El alcalde vigués defiende un modelo ponderado, con un peso para cada alcalde equivalente a la representación de cada municipio en la asamblea metropolitana. La Xunta mantiene que la junta debe ser un "órgano de consenso" y elevar propuestas a la asamblea, donde sí existe representación proporcional siguiendo el criterio de población. Otro de los nudos a desatar sobre la gobernanza es el nombramiento de los vicepresidentes. La ley actual recoge textualmente que deberán pertenecer a partidos diferentes al del presidente, de forma que quede garantizada la pluralidad. Las propuestas de Caballero pasan por que los elija directamente el presidente o la junta de gobierno, sin establecer el requisito de diferenciación de partidos. Para la configuración de la asamblea también existen criterios distintos. El sistema de la norma aprobada en 2012 establece la aplicación de la Ley D´hont -la misma que regula la distribución en las elecciones- para el reparto de miembros. Caballero plantea una proporción a los ediles de cada partido en las corporaciones. La Xunta mantiene que las diferencias serían mínimas.

2 | Financiación. Otro de los puntos que puede generar controversia ante el recelo de los ayuntamientos sobre el coste que les supondrá el Área. La ley de la Xunta establece una cuota fija por habitante mientras que Caballero sostiene que penaliza a Vigo y aboga por suprimir este requisito de la ley, dejando el acuerdo sobre financiación en manos de los órganos de gobierno del Área Metropolitana.

3 | Traspaso de competencias. La ley aprobada en 2012 recoge la creación de una comisión de coordinación entre el Área, la Xunta de Galicia y la Diputación para el traspaso de competencias al ente metropolitano. Las propuestas del alcalde de Vigo eliminan esta mesa al considerar que los ayuntamientos deben ser autónomos para decidir las transferencias y fijar el calendario para asumirlas progresivamente. La Xunta considera que no puede prescindirse de la coordinación ya que existen competencias de la Administración autonómica y provincial que pasarían al Área, con lo que sin cooperación habría riesgo de duplicidades y consiguientemente aumento de costes.

4 | Ordenación del territorio. Las propuestas del alcalde plantean que el presidente del Área designe a los cinco miembros que tendría el Concello de Vigo en la comisión de Ordenación del Territorio. La ley de la Xunta establece que debe aplicarse el criterio de reparto por representación de partidos políticos en la Corporación.