El responsable de la empresa a la que la junta de compensación de la urbanización Rosalía de Castro I contrató a mediados de los años 90 los servicios de gestión afronta una pena de prisión de dos años y medio de cárcel por la presunta apropiación indebida de 75.126 euros.
La fiscal del área de Vigo, que pide la pena para el acusado, José Luis S.P., señala en su escrito que este recibió del representante de la constructora que presidía la junta dos cheques por la citada cantidad para pagar honorarios de abogados y procuradores. El acuerdo, de 2005, recogía que la constructora adelantaba los 75.126 euros y la junta después se los devolvería. La fiscal expone que el gerente "no realizó pago alguno a abogados y procuradores, sino que hizo suyas las cantidades destinándolas contablemente a disminuir la deuda en favor de la gestora". Además de la pena de prisión, pide que indemnice por esa cuantía a la junta o al constructor (caso de que no se le haya devuelvo el adelanto). El juicio se celebra el martes en la Audiencia.
