Sucedió hace 40 años cuando la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó sentencia sobre el 'caso REACE' por la desaparición de 4.036.052 litros de aceite de la empresa Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas. Los acuerdos adoptados por el tribunal fueron seguidos por una notable presencia mediática. El caso se prolongó durante varios años y su historia fue contada incluso con diversas versiones.
Rodrigo Alonso Fariña, que era el presidente de la empresa en la etapa del suceso, fue condenado a doce años de cárcel. Ingresó en la de Vigo el mismo día de la resolución judicial.
A cuatro años de prisión le condenaron a Alfredo Román Pérez, secretario de actas. Y a Miguel Ángel García Canals, funcionario de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, a una multa de cien millones de pesetas. Además, se estableció una responsabilidad civil, que debía abonar Rodrigo Alonso, de 167.615.172 pesetas.
Se comenzó a detectar la desaparición del aceite cuatro años antes. La Comisaría de Abastecimientos y Transportes detectó irregularidades hasta que formalizó varias denuncias, la última en 1972.
REACE tuvo varios presidentes en su consejo de administración hasta que llegó Rodrigo Alonso Fariña a su presidencia. Nacido en Vigo, en 1973 y cuando el escándalo ya era muy conocido, dimitió como presidente el Celta, cargo que también ocupaba.
En la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, que era el organismo público que alquilaba las instalaciones a la empresa viguesa, figuraba Nicolás Franco Bahamonde, hermano de Francisco Franco y que también figuraba en el Consejo de Administración de REACE. Cuando estalló el escándalo lo abandonó para ocupar el puesto de embajador en Lisboa. Por tanto, no asistió al juicio ni tampoco fue acusado de ningún delito.
El juicio se inició a finales del mes de octubre de 1974 y la sentencia se dio a conocer el día 31. El tribunal estuvo presidido por Mariano Rajoy Sobredo, padre del actual presidente del Gobierno de España. Le acompañaban Manuel Landeiro y Celestino Prego. Ellos fueron los que dictaron sentencia.
El sumario estaba compuesto de cinco mil folios, una cifra considerada una de las más altas en toda la historia de la justicia española. Y entre los abogados defensores se encontraba José María Gil Robles. Al juicio también asistió José María Stampa Braun, otro prestigioso letrado.
Se juzgó la desaparición de más de cuatro millones de litros de aceite que eran de propiedad pública y que nunca aparecieron. No se investigó adonde fueron a parar, ni tampoco los canales de distribución para su comercialización en diversos mercados. Quedó demostrado que la empresa viguesa, que tenía su sede en Guixar, realizaba "maniobras irregulares'" consistentes en el intercambio del aceite en sus contenedores para así no levantar sospechas cuando eran inspeccionados.
Se calculó que el valor del aceite desaparecido era de 200 millones de pesetas. Sin embargo, el tribunal decretó una indemnización al Estado de 167.615.172 pesetas. De esa cantidad, más de 21 millones las pagaría la empresa Frigoríficos de Barcelona, también involucrada en la trama.
Miguel Ángel García, funcionario del Estado y encargado de las inspecciones en REACE durante muchos años, fue condenado a pagar una multa de cien millones de pesetas, además de un año de prisión.
Todos los condenados anunciaron en los primeros días del mes de noviembre de 1974 que recurrirían la sentencia.
El "caso REACE" tuvo también otros aspectos a lo largo de su historia. Isidoro Suárez, que llegó a ser presidente de la empresa, apareció muerto en Vigo en "extrañas circunstancias". También un empresario relacionado con el sector de la conserva y el administrador judicial de la empresa murió por una angina de pecho antes de comenzar el juicio.
Alrededor del asunto también se escribieron numerosas leyendas. El caso fue ampliamente seguido por los medios de comunicación nacionales, a pesar de la censura que existía en la época.
