La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato reafirmó ayer en el Parlamento gallego que no hay posibilidad de revisar la situación de la Asociación Galega San Francisco porque "no dejará de cumplir la ley", defendiendo el concurso público que otorga las plazas a la entidad privada Doral Residencias Gestión Sanitaria S.L. y la hoja de ruta marcada por su consellería desde que se inició el procedimiento en agosto.
La sesión plenaria en el Pazo do Hórreo resultó muy intensa. Los diputados de la oposición Abel Losada, del grupo socialista, y Carmen Iglesias, del grupo mixto, fueron los encargados de interpelar a la conselleira para exigirle una solución por "justicia y humanidad" a una situación "incomprensible" que pone en riesgo un proyecto de vida y que "funciona bien" en el caso de Losada y para recordar el "derecho a elegir cómo y con quien vivir" en el caso de Iglesias, que añadió que se "tirarán por la borda" más de 40 años de trabajo.
Ante las preguntas de los grupos de la oposición, Mato reiteró que la actuación de la Xunta ha ido por los cauces correctos, siguiendo el "marco normativo que exige un concierto por contrato público" y que a un juez "la humanidad le importa poco". La conselleira recalcó que "la gente tiene derecho a decidir, pero no en plazas públicas".
La sesión no estuvo exenta de polémica. Beatriz Mato tachó de "lamentable a la oposición por traer y utilizar discapacitados intelectuales" para ejercer medidas de presión contra la Xunta. En ese momento, diputados de la oposición y usuarios y responsables de Agasfra que asistían al debate en la tribuna del Parlamento comenzaron a proferir gritos, exigiendo una disculpa de la conselleira, lo que provocó la interrupción del pleno e incluso la amenaza por parte de la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, de suspender la sesión.
Voluntad de trabajar
Todo sucedió dos días después de que el el Partido Popular de Vigo, por medio de su portavoz municipal José Manuel Figueroa, anunciase que iba a intermediar ante la Xunta para buscar una solución para evitar la marcha de los 73 discapacitados intelectuales del centro ocupacional.
"San Francisco deberá adaptarse a la ley, pero también digo que hay que buscar un equilibrio, cierta flexibilidad", defendía Figueroa.
Ante esto, desde Benestar defienden que hay "voluntad de trabajar" para buscar una salida, aunque de cara a un futuro, al ser imposible frenar ya el concurso vigente, como recordó en el Parlamento Beatriz Mato.
"Los pliegos del concurso no se impugnaron, se aceptaron las reglas del juego y ahora recurren cuando no toca", expresó la conselleira durante su intervención.
Mato recordó que llevan trabajando junto con Agasfra durante los últimos cinco años, "dándole todas las facilidades" para acreditar las instalaciones y firmando convenios pese a los "reparos de la asesoría jurídica". "Agasfra es la única entidad sin PIA (permiso de inicio de actividad) definitivo", espetó la conselleira.
