La Comisión Europea considera que la demora de España en ejercer acciones penales ante el supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel facilita que queden impunes los supuestos delitos que se desprenden, indiciariamente, de la investigación efectuada por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). Para Bruselas, esa demora dificulta la prueba de los supuestos delitos y facilita su prescripción. Éste es uno de los motivos que ha llevado a la UE a retirar la totalidad de la subvención a la obra de ampliación de El Musel, 247,5 millones, dado que la interposición de una querella o denuncia es la única vía para "realizar de manera eficaz el control financiero" de la obra. Un control exhaustivo que ha sido imposible ante la negativa de la Ute que ejecutó los trabajos (Dique Torres, Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), a facilitar su contabilidad a la OLAF.

En la carta remitida el pasado viernes por la Comisión a Hacienda se reprocha a España que "no ha hecho lo suficiente para comprobar la irregularidad denunciada por la OLAF y recuperar la cantidad perdida".

El informe final de la OLAF aludía a una serie de irregularidades y/o fraude supuestamente cometidos por la Autoridad Portuaria o por Dique Torres en connivencia con el Puerto. En relación, por ejemplo, con la contratación de la obra, elevación del precio pagado a Dique Torres por los materiales cuando ésta obtenía sin contraprestación económica directa gran parte de la piedra y rellenos usados en la ampliación y supuesta falta de control en la cantidad de materiales empleados. Estas son sólo algunas de las pinceladas del informe de la OLAF sobre una obra por la que el Puerto ha pagado 710 millones y pendiente de una reclamación judicial por parte de Dique Torres de otros 350.