Una obra que se anunció como el gran revulsivo para el futuro del puerto gigonés de El Musel, duplicando su superficie para captar nuevos tráficos, va camino de convertiste en su principal hipoteca. La Comisión Europea acaba de desestimar las alegaciones que presentó España al informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sobre supuestas irregularidades en la ampliación de El Musel y plantea retirar la totalidad de los 247,5 millones de euros en Fondos de Cohesión con que subvencionó la construcción de la dársena exterior del puerto gijonés, que se licitó y adjudicó en 499 millones, por la que se pagaron 710 (incluyendo sobrecostes y actualización de precios) y que además de la retirada de fondos comunitarios está pendiente de una reclamación judicial de 350 millones de sobrecostes adicionales por la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas).
La decisión de la Comisión Europea aún está pendiente de varios trámites y puede ser recurrida por el Estado ante los tribunales comunitarios, pero de ratificarse acabaría de hundir las maltrechas cuentas del puerto gijonés, lastradas ya por los sobrecostes que registraron las obras y que acabaron derivando en un incremento de las tasas portuarias.
La UE remitió ayer al Ministerio de Hacienda la carta con la que se pone fin al expediente sobre las ayudas comunitarias a la obra, en la que exige la devolución de los 198 millones de euros de Fondos de Cohesión que ya pagó y la cancelación de los restantes 49,5 millones de euros concedidos, cuya entrega había congelado a la espera de tomar una decisión.
Hacienda dispone ahora de dos meses para responder a la UE si asume la devolución de todos los fondos o intenta negociar con Bruselas para que no aplique la corrección financiera que proponen los servicios comunitarios. Si la Comisión se ratifica, a España aún le quedaría la posibilidad de recurrirla ante los tribunales europeos.
La carta remitida ayer a Hacienda por la Comisión justifica la propuesta de retirada íntegra de las ayudas comunitarias en base a seis puntos, dos de ellos relativos al proceso de contratación y adjudicación de las obras y los otros cuatro relativos al control de la misma y al informe de la OLAF.
Entre los motivos para cancelar la totalidad de fondos concedidos, la Comisión alude a la inacción de las autoridades españolas ante el informe de la OLAF. Este informe considera que hay indicios de supuestos delitos en la obra y apunta que "los elementos y la información recogidos y analizados durante la investigación indican claramente que una serie de irregularidades y/o fraudes han sido cometidos" por la Autoridad Portuaria o por Dique Torres en connivencia con los responsables del puerto.
La OLAF no sólo había recomendado a la Comisión que recuperara las subvenciones pagadas a la obra, sino que también recomendó a España que hiciera lo mismo por la vía de revocar el derecho a subvención de los gastos de la obra, algo que el Gobierno no hizo.
La propuesta de la Comisión Europea también alude a la inacción de las autoridades españolas ante la negativa de Dique Torres a facilitar sus registros contables a la OLAF, lo que dificultó su investigación.
La carta final de la Comisión Europea expone otros dos argumentos de supuesto descontrol de las obras. Por un lado, señala que hay una falta de suficientes datos de auditoría y por otro lado también considera que ha habido una insuficiente justificación de los gastos.
La CE también apoya su propuesta en supuestas irregularidades, desde el punto de vista de la normativa comunitaria, vinculadas con el proceso de contratación de la obra. La carta alude a varias infracciones de la directiva que regula los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos.
