Los dos imputados de la constructora Movexvial (ahora Civisglobal) que han declarado este miércoles en una causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de negociaciones prohibidas para funcionarios y prevaricación administrativa, han negado que hubiese recibido indicaciones por parte del Ayuntamiento para adquirir el hormigón a la empresa de la que era gerente el concejal Ángel Rivas, también imputado en esta causa.

"No hubo confabulación ni imposición para comprar el hormigón a esa empresa. De hecho, se le compraba ya antes de que Rivas fuera concejal, porque es una de las más grandes y de las que mejor trabaja", han indicado fuentes de la defensa, que también han confirmado que sus patrocinados han aportado a la causa las facturas de las compras hechas a esa firma de hormigones.

El que fuera administrador de Movexvial, J.C.A., y el que fuera apoderado de la empresa, C.M.P.M., han declarado este miércoles ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de Vigo, en calidad de imputados como supuestos cooperadores necesarios en una prevaricación. En su comparecencia, han respondido a las preguntas de la magistrada y de la Fiscalía, que se han centrado, sobre todo, en las supuestas irregularidades detectadas en cinco expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito.

Fuentes de la defensa han explicado que "ha quedado acreditado" que "no hubo ninguna irregularidad" y que, de hecho, la constructora se limitó a ejecutar unas obras que tuvieron carácter de urgencia, y que le fueron pagadas mediante reconocimiento extrajudicial de crédito. A ese respecto, han insistido en que este mecanismo "es una figura legal reconocida".

En cualquier caso, han precisado que la empresa fue "totalmente ajena" al procedimiento de pago, que es una cuestión que decide el Ayuntamiento, aunque ha señalado que los expedientes contaban con todos los avales jurídicos y técnicos.

Obra nueva

Las presuntas irregularidades estribarían, según el criterio de la acusación, en que esos trabajos serían "obra nueva" y, por tanto, se habrían llevado a cabo sin el amparo del pertinente procedimiento administrativo. "No estamos de acuerdo, eran obras de carácter urgente y encajan perfectamente con la legalidad", han indicado fuentes de la defensa.

La defensa de estos imputados también ha mostrado su extrañeza porque no se haya citado a nadie de ninguna otra constructora, a pesar del gran volumen de contratación del Ayuntamiento olívico y a pesar de que el reconocimiento extrajudicial de crédito es un mecanismo que se ha usado para pagar obras a otras empresas. "No hay motivos para imputar a nadie", ha señalado estas fuentes, que consideran que "la actuación de la administración también ha sido escrupulosa".

De momento, la situación procesal de los imputados (el concejal, los dos exdirectivos de la constructora y el funcionario municipal jefe del área de Fomento) no ha cambiado, y el juzgado está a la espera de escuchar la declaración de los testigos, entre los que están varios técnicos del Ayuntamiento, el propio interventor y un constructor. Dicha declaración fue aplazada, y aún no tiene fecha.

Asimismo, fuentes jurídicas han explicado que todavía no había llegado al juzgado la información requerida por la Fiscalía, que pedía que se oficiase al interventor para que informase "sobre la autoridad o funcionario responsable de la gestión de gastos (que solicitó la ejecución de la obra omitiendo los trámites legales oportunos)".