Desde que se quedó embarazada de su primer hijo, Susana tenía claro que quería amamantarle el máximo tiempo posible. La joven viguesa pronto se topó con el primer problema: es jardinera y trabaja con productos tóxicos que pasan directamente a la leche materna, suponiendo un riesgo para al bebé.

Para casos como el suyo existe una legislación sobre riesgos laborales y de la Seguridad Social donde se establece que, cuando el puesto de trabajo suponga un riesgo para la lactancia natural y no haya posibilidad de adaptación de su actividad, las trabajadoras podrán ser declaradas en situación de suspensión del contrato y cobrar una prestación económica hasta que el menor cumpla nueve meses.

Hasta ahí la teoría. La aplicación, sin embargo, dista mucho de lo que debería ser un sencillo trámite. "Conseguir esta prestación ha supuesto un largo proceso y una continua lucha con la mutua, Fremap, sus médicos (porque los de la seguridad social me daban la razón), la empresa... y eso lleva a muchas mujeres a tirar la toalla", explica Susana.

La razón, en su caso, se encuentra en que no todos los productos químicos van etiquetados indicando que afectan a la leche materna aunque, de hecho, así lo hagan. "Hay una directiva de la Unión Europea que incluye una lista, no muy exhaustiva, de algunos de estos productos, entre los que se encuentran fungicidas, bactericidas y pesticidas. El problema es que se requiere que aparezca de forma clara y precisa la existencia de un riesgo para la lactancia y no todos los productos aparecen etiquetados con esa frase y en eso se apoyan las mutuas para negar la prestación", denuncia Esther Mariño, técnica de igualdade de la CIGA.

En el caso de Susana, el director del vivero en el que trabaja le propuso la adaptación de su puesto. "Simplemente me quitaban de aplicar algunos productos, pero al seguir trabajando en los jardines seguiría inhalándolos, por lo que no era una verdadera adaptación del puesto", indica la joven que, además, destaca que en su caso son especialmente perjudiciales estos productos porque "usamos el químico puro, no diluido, por lo que la solución de las máscaras no es válida".

Las incongruencias rodean el caso de Susana desde el principio. "Lo más penoso de mi caso es que con mi hijo mayor, Manuel, me concedieron la prestación sin problemas, porque corroboraron el peligro de los productos que utilizo, y ahora con el pequeño, Mauro, me la niegan diciendo que no hay riesgo, siendo el mismo trabajo", explica.

Susana denunció su caso y el juez le ha dado este mes la razón con rotundidad en una sentencia pionera, por lo que la mutua -que no va a recurrir la sentencia- deberá afrontar el pago de la prestación. "Me alegro de que los jueces empiecen a sensibilizarse con este tema ya que nos olvidamos de lo importante que es la leche materna y que la OMS la recomienda hasta los 2 años. ", concluye Moreira.