Si hubo una frase que se coreó hasta la saciedad en las protestas convocadas en Vigo contra las polémicas reformas impulsadas en los últimos años por el Ministerio de Justicia esa fue sin duda la de "Gallardón, dimisión". Y este martes el ministro presentaba su renuncia tras retirar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su reforma de la ley del aborto. Este asunto fue el más controvertido de su mandato, pero no el único, ya que durante sus casi tres años al frente del ministerio promovió otro sinfín de modificaciones legales con las que pretendía dar un vuelco a la Administración de Justicia y que, sin excepción, obtuvieron la repulsa de todos los operadores jurídicos. Ayer, abogados, procuradores y funcionarios judiciales de Vigo calificaban de "buena noticia" el cese de Gallardón, esperanzados en que su sucesor, Rafael Catalá, apueste por el "consenso" y "rectifique" los proyectos que aunaron más rechazo. Aunque pronostican que la dimisión podría derivar en la paralización de muchas de estas reformas, esperan que, de salir adelante la del mapa judicial, se respete el compromiso reciente de Gallardón de que Vigo, pese a no ser capital, tenga tribunal de instancia propio.

Para el decano del Colegio de Abogados de Vigo, Alfonso Álvarez Gándara, las iniciativas legislativas de Gallardón eran "francamente problemáticas" y "onerosas" para abogacía y conjunto de la ciudadanía. Ve "correcta" su renuncia y espera que sea un "preludio" de "rectificaciones" en estos proyectos. Uno es el de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en fase de anteproyecto y que contempla la reforma de los tribunales de instancia. "Ante esta dimisión, puede producirse una paralización en su tramitación, o en todo caso podría haber una modificación de las líneas más polémicas", estima el decano, que muestra su confianza en que se mantendrá el compromiso adquirido el pasado julio por Gallardón de que Vigo tendrá sede judicial propia: "No tememos una vuelta al primitivo diseño". También el Consello da Avogacía Galega espera que se abra "una nueva etapa" en la que el Gobierno "reconduzca" las iniciativas que crearon "graves conflictos" en los ámbitos jurídico y social.

Igual que Gándara, el decano de los procuradores vigueses, Manuel Castells, cree que el nuevo ministro "respetará" la promesa que sobre el partido judicial vigués adquirió su antecesor. "No creo que se quiera seguir incidiendo en el conflicto social", dice, recordando que Gallardón concertó con sus "políticas" el "desacuerdo" de la gran mayoría de la sociedad. ¿Dará tiempo, en todo caso, a que salga adelante la nueva LOPJ? A su juicio todavía hay tiempo de aquí hasta que finalice la legislatura: "No sé cuál es la voluntad política, pero si quieren aprobarla, lo harán".

Para la presidenta de la Junta de Personal de los juzgados vigueses, Mercedes Vázquez, la dimisión de Gallardón debería haber ocurrido antes: "Es el peor ministro de Justicia que recuerdo; dejó los pilares de la Administración de Justicia tambaleándose". A Catalá le demanda "sentido común" y que frene el anteproyecto de la LOPJ, así como otros como el del Registro Civil, para que la reformas se lleven a cabo con el "consenso" de todos los implicados.

Consenso también es lo que pide al futuro ministro el presidente de Avogados Novos, Javier de Cominges. "Debe parar lo que hay en marcha para tender puentes a todos los implicados",afirma. Sobre el nuevo mapa judicial, recuerda que si bien Gallardón garantizó que Vigo tendría tribunal propio, la ciudad sin embargo perdería la audiencia provincial.