Uno de los problemas derivados de la crisis que afecta de lleno a los dos juzgados de Familia de Vigo es el impago de pensiones alimenticias a sus hijos por parte de padres separados. La consecuencia directa de este escenario se traduce en la interposición de demandas de ejecución por parte del otro progenitor -generalmente la madre, que suele tener la guarda y custodia- para exigir la cantidad adeudada. Un abono que no suele ser voluntario y que provoca que cada vez con más frecuencia los tribunales deban embargar saldos en cuentas bancarias. Y la situación va más allá, ya que, en casos extremos y cuando no queda otra opción porque no se ha hallado cantidad alguna ni otro tipo de bienes, se estén sacando a subasta vehículos e incluso inmuebles del deudor para obtener el dinero que corresponde a su hijo. De hecho, uno de estos juzgados acaba de sacar a puja pública una nave de un progenitor que adeuda más de 10.000 euros.
La carga de trabajo en los juzgados de Familia vigueses ha vuelto a aumentar este 2014. Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre se registraron más de 820 casos de separaciones y divorcios, casi un 10% más de los 755 del mismo período de 2013. El incremento es significativo, ya que se produce tras dos años -2012 y 2013- en los que las rupturas habían descendido. "Notamos la subida. Y especialmente en los procedimientos contenciosos", afirma Isabel Olcina, abogada especializada en Derecho de Familia. Fuentes judiciales añaden que "muchas" de estas rupturas son protagonizadas por parejas de hecho.
Estos asuntos no suelen acabarse en cuanto se dicta la sentencia de divorcio o separación. Porque también están a la orden del día las peticiones de modificación de las medidas que el juez había establecido en esas resoluciones. Y con la actual crisis, padres que han visto mermado su sueldo o que están en el paro solicitan revisar a la baja la pensión que deben abonar a sus hijos. "Para que se conceda, debe existir una modificación sustancial en las circunstancias económicas o personales que motivaron su adopción", explica un letrado.
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Y al tiempo que crecen estas peticiones, se disparan también las demandas de ejecución por parte del excónyuge que tiene la custodia por el impago de estas cantidades que se abonan mes a mes en concepto de alimentos para los menores. Algo que trae de cabeza a los juzgados, ya que el abono voluntario no suele ser la tónica habitual, lo que obliga a buscar entre los bienes del padre para proceder a los embargos. "Lo primero que se suele buscar es si hay dinero en las cuentas bancarias: sueldos, alguna prestación, devoluciones de Hacienda....", explica el abogado Carlos Borrás. "Y si sólo encontramos 10 euros, embargamos 10 euros", señalan fuentes judiciales. Y es que con respecto a la cuestión de los alimentos a los hijos, como establece el Código Civil, no es de aplicación la norma que considera inembargable el salario, pensión o retribución que no exceda del salario mínimo interprofesional.
Problemas
El problema es que no siempre hay dinero que embargar. Eso obliga a los juzgados a buscar otro tipo de bienes. Y en los casos más extremos la situación puede derivar en subasta judicial. Lo más frecuente son los vehículos. "Coches, motos...; el problema es que este tipo de pujas no suelen tener mucho éxito; la gente no quiere comprar un vehículo sin saber en qué estado se encuentra", relatan. De forma más excepcional, cuando no se encuentra ningún otro bien susceptible de ser embargado, también se han llegado a sacar a subasta pisos. O una nave industrial, como la puja que está publicada en la actualidad en el tablón de edictos de uno de los juzgados de Familia de Vigo. La deuda de la pensión alimenticia y de intereses de este padre supera los 10.000 euros y lo que la sala saca a subasta es el 7,5% del pleno dominio de una nave de más de 260 metros cuadrados. La valoración es de 3.600 euros. Ante una puja inminente, muchos progenitores pagan la deuda in extremis para evitar perder ese bien.
Abogados señalan que las pujas en los juzgados de Familia son muy excepcionales. Isabel Olcina señala que por primera vez tiene dos casos en su despacho que están en fase de ejecución de embargo de las viviendas de sendos progenitores que deben la pensión alimenticia. "Llevo muchos años con temas de Familia y son muy recientes los casos que estoy llevando hasta las últimas consecuencias; lo hago porque pese a los múltiples requerimientos, hasta el momento no se ha pagado nada", afirma. El letrado Carlos Borrás afirma que asuntos que llevó de Familia derivaron en subastas de coches. "Para llegar a este punto, debe haber una deuda razonable", concluye.
