Las concesionarias de las autopistas lusas no son las únicas que se han propuesto saldar la abultada deuda contraída en peajes por los españoles. La compañía que gestiona la A-28, la autovía que enlaza Viana do Castelo con Oporto, y por la que circulan cada semana cientos de vigueses en sus viajes a la urbe del Duero, se ha lanzado también a la ardua tarea de cobrar gravámenes atrasados. Conductores gallegos reciben ya notificaciones con el "logo" de Via Livre -responsable de la autovía- en las que se les exige el canon adeudado más "tasas administrativas". Al igual que en las reclamaciones de Brisa o Ascendi para sus autopistas, las notas de Via Livre requieren impagos que se remontan años atrás.

En una de las comunicaciones a la que ha tenido acceso FARO -fechada este mismo año- se exigen incluso las tasas de trayectos realizados en noviembre o diciembre de 2010; es decir, apenas un mes después de que los polémicos pórticos de "telepeaje" se estrenaran en la A-28. En aquellas fechas el engorroso método de cobro escogido por Portugal encarecía y dificultaba su uso a los conductores gallegos. A partir de 2012 el pago en los "telepeajes" se simplificó con opciones que permiten, por ejemplo, asociar la matrícula a una tarjeta bancaria o comprar bonos prepago. Sin embargo, las notificaciones que despacha Via Livre no discriminan fechas y señalan sin distinción impagos cometidos tanto en 2010 o 2011, como 2012 o 2013.

Tan enredadas eran las opciones de pago que se daban en un inicio a los extranjeros, que el 9 de mayo de 2012 lo reconoció el propio primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, durante la Cumbre Ibérica celebrada en Oporto. En presencia del presidente Mariano Rajoy, el mandatario luso anunció que se "facilitaría" el abono de los peajes, "ya que en la actualidad circular por las vías gravadas constituye una dificultad señalada para los ciudadanos de otros países, especialmente los españoles que se desplazan a Portugal". Poco después los conductores gallegos empezaban a disfrutar de nuevas fórmulas, como el easytoll, que con una sencilla operación, sin salir del coche, permite cargar los gravámenes a una tarjeta; los títulos prepago del tollservice; o el tollcard, que se activa por SMS. Desde mediados de 2013 se hizo realidad también la ansiada "interoperabilidad", que permitió que la mayoría de los dispositivos de abono automático (OBE) españoles sean válidos para las vías de pago de Portugal.

En un inicio quien quería circular por la A-28 debía alquilar o comprar dispositivos especiales. En octubre de 2010, por ejemplo, la alternativa que tenían aquellos conductores españoles que no querían facilitar sus datos bancarios era desembolsar una recarga mínima de 50 euros (turismos) o 100 (camiones); también se podía adquirir un dispositivo de Via Verde por 27. El abanico de métodos de cobro se abrió poco a poco gracias a la presión de políticos y empresas de ambos lados del Miño. Desde un inicio Portugal advirtió de que se multaría a las matrículas que se "saltaran" los pórticos sin pagar, un aviso que incluso hacían "guardias" en las propias áreas de servicio lusas. Hasta la fecha, no obstante, solo existían rumores sobre las sanciones. El importe de la tasa no es elevado: un trayecto de ida y vuelta de Viana a Oporto cuesta 7,4 euros.

Entregadas en mano

Las notificaciones a las que ha tenido acceso FARO fueron entregadas en mano a camioneros en territorio portugués por "agentes de fiscaliçaçao" de la propia empresa. En su redacción se detalla sin embargo que también existen las "notificaciones por vía postal", un punto que confirman en el teléfono de atención al cliente de Via Livre. Las notificaciones son en cualquier caso distintas a las que distribuyen Brisa o Ascendi a través de los intermediarios Gesphone y el despacho ONBK. En sus escritos, Via Livre ofrece 15 días al titular del vehículo para que identifique al conductor que "atravesó el peaje sin pagar" y se da otro medio mes para liquidar de forma voluntaria la deuda. Si cumple ese plazo -reza el escrito-, el conductor "evitará" multas que pueden multiplicar por diez el valor del peaje, además de procedimientos legales para reclamar el importe. Al usuario se le facilita así mismo una relación detallada de los viales en los que ha cometido la infracción -A-22 y A-28, en los documentos de los que dispone este periódico-, el tramo concreto y la cuantía reclamada: el valor del gravamen y una tasa administrativa de 2,21 euros/ tramo.