El ministro de Justicia rectifica y permitirá la creación de más de un tribunal de instancia por provincia para que ciudades como Vigo, Santiago o Ferrol mantengan una estructura judicial autónoma y no dependan de sus respectivas capitales. Alberto Ruiz Gallardón se comprometió ayer con el presidente de la Xunta a modificar el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el 4 de abril en Consejo de Ministros para reconocer la excepcionalidad de ciudades que como Vigo no son capitales de provincia pero tienen mayor población, peso económico y volumen de trabajo que las primeras.
"Hemos decidido modificar el texto para que cuando lo tramitemos como proyecto de ley en septiembre se admita la existencia de más de un tribunal de instancia por provincia. Dejarán de llamarse tribunales provinciales de instancia y serán simplemente tribunales de instancia que tomarán el nombre de la ciudad en la que tengan su sede", explicó el ministro en su comparecencia en el Pazo de Raxoi acompañado de Alberto Núñez Feijóo y representantes del Ejecutivo autonómico.
Gallardón asume las demandas que vienen planteando todos los operadores jurídicos vigueses desde que hace algo más de un año se dio a conocer el borrador del anteproyecto que centralizaba la justicia en las capitales de provincia. A ellos se sumaron luego los tres partidos políticos con representación en la ciudad y, ya a nivel autonómico, el Consello da Avogacía Galega, la Fiscalía Superior de Galicia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Vicepresidencia de la Xunta, que remitió el 31 de mayo sus alegaciones instando al Ministerio de Justicia a reconocer el carácter "singularísimo" del municipio vigués.
Razones objetivas
El partido judicial de Vigo atiende a tres veces más población que el de Pontevedra, casi quintuplica su número de asuntos y tiene en su territorio un tejido económico e industrial mucho más potente. Estos tres factores esgrimidos por la Junta de Jueces de Vigo, los colegios de abogados y procuradores, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y que recomienda la propia UE habían sido desechados hasta el momento por el Ministerio de Justicia, que centraba su discurso en la necesidad de modernizar un sistema de partidos judiciales "obsoleto".
El anteproyecto estatal rompía por completo con la actual estructura y en el caso gallego suprimía 41 de los 45 partidos judiciales además de las audiencias provinciales, que sí desaparecen. Frente a este modelo rupturista, Gallardón presentó ayer un diseño mucho más flexible después de meses de intenso debate sobre el que han mostrado un interés directo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra Ana Pastor. El dirigente popular confía en que la ley entre en vigor "antes del próximo verano", si bien precisó que pasarán uno o dos más hasta que todos los cambios puedan materializarse.
La regla general no varía. Se crean tribunales de instancia de ámbito provincial. Pero el cambio determinante es que por primera vez se admite la creación de más de un tribunal de instancia por provincia "en casos excepcionales y siempre que las ciudades cumplan con criterios territoriales, demográficos y sociales previstos en la ley".
Feijóo celebró en su intervención que el Gobierno central "haya entendido y aceptado nuestras propuestas objetivas y permita que Galicia tenga siete tribunales de instancia: cuatro en las capitales y otros tres en Ferrol, Santiago y Vigo". Estos son los tres municipios que cumplen con los requisitos técnicos que impone Justicia para habilitar tribunales de instancia fuera de las capitales: un número mínimo de una unidad judicial en el orden contencioso-administrativo, social y civil, y al menos cinco unidades en el orden penal.
Gallardón eligió la capital de Galicia para anunciar los importantes cambios de ámbito estatal que introducirá en la reforma de la LOPJ pese a que Vigo es la ciudad que ha liderado la lucha de las localidades que tienen mayor peso social y económico que sus capitales y que el anteproyecto relegaba a "sedes subordinadas". En situación similar a Vigo se encontraban Gijón, Elche, Jerez o Cartagena, aunque el de Vigo es el caso más singular al situarse en el podio de litigiosidad del país y superar en volumen de trabajo a los juzgados de hasta 39 capitales españolas.
La futura estructura judicial contará con un tribunal superior de ámbito autonómico y tribunales de instancia en las capitales. De forma "excepcional" también se autorizarán en ciudades con una importante litigiosidad. Gallardón destacó ayer que "no desaparecen los partidos judiciales, pero sí se rompe con su noción tradicional y a partir de ahora se reservan para identificar las distintas sedes que podrán tener los órganos judiciales de un mismo tribunal de instancia y como criterio orientador para las normas de reparto". A efectos prácticos no tendrán repercusión.
La otra novedad es que se crea la nueva figura de las oficinas judiciales de paz, que serán las sucesoras de los juzgados de paz y cuya misión será, en palabras del ministro, "la comunicación directa con el ciudadano y cumplir con las funciones del registro civil".
¿Cómo se deben tramitar?
Las comunidades autónomas jugarán un papel determinante en la configuración del nuevo mapa judicial. Serán ellas las que tengan que presentar las propuestas para crear tribunales de instancia fuera de las capitales. El procedimiento es igual al que hasta ahora se sigue para pedir la creación de nuevos órganos judiciales. La petición debe realizarla la Xunta, en el caso gallego, y contar con un informe favorable de la Sala de Gobierno del TSXG y luego recibir el respaldo del Consejo General del Poder Judicial.
Esto deja en manos del Gobierno gallego la elección del ámbito territorial que tendrán los tribunales de instancia de Santiago, Ferrol y Vigo. La Junta de Jueces y los fiscales del área llevan meses planteando que la futura sede judicial viguesa dé servicio a todo el sur de la provincia por una cuestión de proximidad. Donde no hay cambios es en la desaparición de las audiencias provinciales, por lo que toda la segunda instancia se concentrará en A Coruña al no admitirse la petición de desdoblar el TSXG en el sur.
La rectificación del Gobierno central solventa las tensiones surgidas respecto al mapa territorial, pero los cambios anunciados deben primero plasmarse en el proyecto de ley que entre al Congreso después del verano y luego materializarse con el desarrollo de la Ley de Planta. Respecto a otros puntos también polémicos de la ley y que fueron censurados tanto por la Audiencia Naciona, como el Tribunal Supremo y la Comisión Nacional de Jueces Decanos, como la limitación de la libertad de expresión de los jueces, la movilidad de las plantilas o la jurisprudencia vinculante, nada comentó ayer Gallardón y queda todavía pendiente.
