El desarrollo judicial de Vigo se ha visto condicionado por no ser capital de provincia. Afrontó serias dificultades hasta lograr dos sedes desplazadas de la Audiencia Provincial y necesitó más de un lustro para ver materializarse el demandado Juzgado de lo Mercantil. Cuando se creó el de Vigo en 2010, Pontevedra ya contaba con dos salas pese a que la actividad económica de la provincia se concentra en el sur. Esta problemática se ha mantenido hasta que ahora el Gobierno parece dispuesto a reconocer a Vigo como centro judicial autónomo dotándolo de un tribunal de instancia propio en lugar de subordinarlo a Pontevedra como tenía previsto.

La ciudad siempre ha tenido que pelear por nuevos órganos y ya FARO en un editorial de diciembre de 2010 destacaba la necesidad de que la nueva Ley de Demarcación y Planta, que todavía está sin reformar, otorgase un papel protagonista a la primera ciudad de Galicia En aquel momento, magistrados y procuradores locales pedían la creación en el municipio de sedes de lo Contencioso-Administrativo y del orden Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Esa demanda quedó desactivada porque pronto Vigo se vio frente a un nuevo desafío. El borrador de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial elaborado por un comité de expertos planteaba hace más de un año la centralización de la justicia en las capitales y la supresión de los partidos judiciales. En este texto se basa el anteproyecto de ley de Gallardón que relegaba a Vigo como sede dependiente de Pontevedra, situación que FARO volvió a denunciar en mayo de 2013 y de forma más reciente en el editorial del 13 de abril de 2014.

En este largo proceso quienes primero han dado la cara fueron los jueces de Vigo, los colegios de abogados y procuradores y la Corporación de la ciudad. El lunes 16 de junio vivieron el día más crítico al posicionarse la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en contra de Vigo y avalar el modelo uniprovincial de Gallardón por "idóneo y racional". El debate promovido por los vocales progresistas del órgano y la enmienda introducida por el socialista Álvaro Cuesta para reconocer la excepcionalidad de casos como el de Vigo lograron la rectificación del Consejo General del Poder Judicial, que dio en el último momento un empujón crucial a las aspiraciones de la judicatura viguesa. La publicación ya a mediados de julio de la memoria del Tribunal Superior gallego que demuestra que Vigo soporta la mitad de la actividad judicial de la provincia y en temas laborales hasta el 65% de los asuntos acabó por inclinar la balanza, como demuestran los titulares de FARO reproducidos abajo desde la aprobación del anteproyecto hasta el cambio de postura del Poder Judicial, cuyo presidente reconoció la influencia de Vigo en su cambio de postura.