Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, sumó ayer su voz a la de aquellos que, como el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclaman que la creación de los futuros tribunales de Instancia, que el borrador de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, sitúa exclusivamente en las capitales de provincia puedan extenderse, en casos excepcionales, a otras ciudades como Vigo, en la línea apuntada por el informe del CGPJ que apuesta por "flexibilizar el modelo cuando concurran circunstancias geográficas, demográficas, territoriales, socioeconómicas, de volumen de litigiosidad o de carga de trabajo extraordinarias".

Torres Dulce defendió la necesidad de reformar y modernizar el mapa judicial de España -"una idea que comparten este Gobierno y el anterior"- y de superar la idea de los actuales partidos judiciales y audiencias provinciales lo que no fue óbice para que abogase también por la necesidad de que se reconozca la singularidad de determinadas unidades territoriales "como Vigo y alguna otra de importancia".

"Aquí en Vigo y en Pontevedra es no ya evidente sino absolutamente inexcusable", subrayaba el titular de la Fiscalía General del Estado, para quien de lo que se trata es "del criterio de proporcionalidad" y de no perder de vista que "la justicia es un servicio a los ciudadanos y que debe facilitarse en la medida que sea posible".

_Solo hay que mirar alrededor, indicó, para darse cuenta de que la Justicia no debe ser distinta de otros servicios a la ciudadanía que "se prestan en unidades provinciales o grandes ciudades". El quid de la cuestión está en "cómo conciliar esa modernización con la necesidad de que no queden desatendidas con justeza y con cercanía las demandas de los ciudadanos".

También a la polémica relacionada con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial aludió Juan Carlos Aladro quien advirtió que la nueva norma "ha generado una serie de expectativas basadas en hipótesis porque es una ley que nadie explica, que no mira al territorio". En este sentido considera que no puede dejar a un lado situaciones excepcionales, que debe ser flexible para dar respuesta a realidades concretas.

"La ley es que parece que funciona a contrapelo de lo que es la realidad social" señalaba el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra para quien "no tiene ninguna justificación que no exista ese partido (Vigo)". En cualquier caso, Juan Carlos Aladro, quiso dejar claro que estamos ante "un problema conceptual, desaparecen todos (los partidos judiciales), no solo el de Vigo" lo que no le impide defender que la "la reestructuración del territorio merece que sea contemplada" a la hora de implantar el nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

Entre los invitados que ayer ocuparon un lugar preferente en el acto de imposición de la Cruz de la Orden de San Raimundo Peñafort al fiscal jefe de Pontevedra estaba el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda que no tuvo reparos en opinar sobre la polémica generada por el proyecto de Tribunales Provinciales de Instancia y lo hizo para, evitando circunscribirse al contencioso de Vigo, reiterar que la apuesta de la Xunta es que "aquí tenemos siete ciudades con áreas metropolitanas alrededor importantes y por lo tanto es una realidad que debe ser atendida".