Los directores de siete colegios de Vigo expedientados por la Xunta tras detectar "fallos graves" en la gestión de las cuentas de los comedores escolares no continuarán el próximo curso en sus cargos. El responsable del CEP Igrexa-Valadares ya está jubilado y lo sustituyó durante el curso pasado una nueva directora, mientras que los de Lope de Vega, Ría de Vigo, A Paz-Tintureira y Sárdoma-Moledo han presentado su dimisión. Caso aparte suponen los responsables del CEIP Chans-Bembrive y Carrasqueira, cuyos directores no presentaron el cese y por eso la Consellería de Educación ha iniciado el proceso de revocación del mandato para evitar que vuelvan a asumir responsabilidades de gestión.

"Está garantizado que ninguno de ellos seguirá en la dirección el próximo curso", sostienen desde la Xunta. El próximo 1 de julio entran en vigor las sanciones impuestas a los siete directores de Vigo, con suspensiones de empleo y sueldo "variables", precisan fuentes autonómicas, que evitan concretar los periodos de inhabilitación impuestos a cada uno. Lo que sí aclaran es que el grado de responsabilidad que han detectado varía de unos centros a otros.

Solo en el caso del CEIP Lope de Vega se consiguió documentar el envío a domicilio de notas en las que se advertía a los padres de la posibilidad de perder la plaza de comedor en caso de que no se pusieran al día en las cuotas adicionales que se exigían a las familias. Las ANPA cerraron filas desde el primer minuto con sus directores y llegaron a movilizarse defendiendo la "transparencia de las cuentas", a excepción del Lope de Vega, donde ha habido un cambio en la directiva de la ANPA y había diferencias entre los padres.Allí se inició hace casi un año la investigación destapada por FARO el 30 de junio de 2013 cuando tuvo acceso a las primeras notas amenazantes pese a que el decreto de comedores impedía expresamente cobros extra a los padres.

Tras el revuelo generado entre la comunidad educativa, Educación sacó una nota aclaratoria en la que apuntaban a la existencia de "sobresueldos" y acusaba a los directores por "apropiación indebida". El propio jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, compareció para explicar que "en los siete centros investigados apareció una contabilidad paralela", añadiendo que los gestores a los que se expedientó "se estaban beneficiando de las cuotas adicionales aportadas por los padres para el comedor".

Las ANPA defendían que estos ingresos extra "estaban declarados ante Educación" y en algunos casos no suponía más de 50 euros mensuales en contrapartida a un gran volumen de gestiones y trabajo burocrático para el director en el comedor.