Los gravísimos efectos que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tendría sobre el sector de la justicia en Vigo llegan mañana al Parlamento. El PP presenta en pleno una proposición no de ley en la que pide al Ministerio de Justicia una rectificación y que "la ley contemple una excepción para la ciudad de Vigo, que no siendo capital de provincia, supera en población atendida, volumen de asuntos, litigiosidad y relevancia económica e industrial a la cabecera provincial". Los populares también coinciden con la demanda del Concello de que se introduzca un segundo cambio para que se permita "una sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la ciudad de Vigo", puesto que la reforma de Gallardón centraliza la segunda instancia en A Coruña.

Desde el PP de Vigo explican que han tenido que "actualizar" una proposición registrada hace meses porque "la normativa no permitía presentar una nueva y debatirla tan pronto", justo el día antes a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita su dictamen definitivo sobre la reforma que centraliza la justicia en las capitales. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, insistió ayer en que Vigo representa "un caso único en España".

Los conservadores centran su defensa de la infraestructura judicial viguesa en lograr que se reconozca su singularidad, mientras que el PSOE ha registrado una enmienda al texto en el que se insta a la Xunta a que exija al Gobierno central "la retirada del anteproyecto de reforma de la LOPJ y el mantenimiento del actual estatus del partido judicial de Vigo y de los otros 40 partidos judiciales de Galicia". El nuevo modelo de Gallardón suprime 41 de los 45 partidos actuales y los socialistas defenderán "una justicia de proximidad. Que se mantenga la estructura actual", insiste Abel Losada.

Por parte del BNG será Tereixa Paz quien defiende una enmienda en la que el grupo manifiesta su rechazo al nuevo modelo de tribunales de instancia y demandarán que se mantengan sedes judiciales "en las ciudades y las cabeceras de comarca". Los nacionalistas reclamarán a mayores que la Xunta "solicite las competencias para demarcación y organización judicial en Galicia".