Varios cientos de personas salieron a la calle ayer, convocados por los sindicatos de la sanidad CIG-Saúde, CC OO, UGT, Cesm-O'Mega y SAE, ante el cierre de camas que se producirá en verano en los hospitales de Galicia y que podría ascender a más de 1.200. Los convocados demandaron, además, una sanidad pública de calidad, universal y gratuita.

En el caso de los hospitales públicos de la ciudad, llegarán a tener este verano hasta tres de cada diecisiete camas clausuradas. Aunque a diferencia del pasado año se excluye el mes de octubre del calendario de cierre, por primera vez se dejará inoperativa la séptima planta del Xeral, la de hospitalización quirúrgica en la que se realizan operaciones de Endocrinología y Medicina General.

La protesta se inició con una concentración ante el Museo Marco, donde sus protagonistas han escenificado con colchones y tiendas de campaña la situación que se producirá en los hospitales de toda Galicia y que sufrirán los hogares gallegos al aumentar la "hospitalización a domicilio", según María Xosé Abuín, del sindicato CIG-Saúde. Tras la concentración, la marcha partió recorriendo varias calles hasta el edificio administrativo de la Xunta.

Abuín acusó a Sanidade de "recortar" los dispositivos de atención primaria y el cuadro de personal, dejando la hospitalización "a cargo de las familias" ante este cierre de camas. A su juicio, "se dificulta el acceso a la hospitalización" y "se empeora la asistencia sanitaria", obligando a la ciudadanía a "recurrir al servicio de urgencias", donde constata "colas".

Por su parte, el secretario de la federación de Sanidad en Galicia de CC OO, Ángel Cameselle, denunció que en vez de aprovechar "una magnífica oportunidad para disminuir de forma drástica las listas de espera", se opte por "cerrar como nunca se cerraron camas en cantidad y también los quirófanos", un "sinsentido" llevado a cabo por la Xunta que "no trata de dar servicio sino de obtener beneficio".

A la protesta también acudió el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, además de representantes de diversos colectivos sociales y sindicales. El líder nacionalista tachó el cierre de camas de "insulto a los enfermos", sobre todo "a los que están en lista de espera" y que ascienden a 38.000 según los datos oficiales, mientras que los sindicatos elevan la cifra hasta los 60.000