Polémica por el nuevo modelo de organización de la Justicia

Partido Judicial Vigo: "El tribunal de instancia será único y estará en la capital, pero hablar de subordinación es peyorativo"

"No corresponde al Poder Judicial diseñar el nuevo modelo de organización, la competencia legislativa es del Ministerio de Justicia" » " Vigo incluso podrá contar con más órganos que los que tiene, pero ahora no lo sabemos"

19.06.2014 | 19:01
Juan Manuel Fernández, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Juan Manuel Fernández - Vocal para Galicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El vocal para Galicia del Consejo General del Poder Judicial descarga sobre el Ministerio de_Justicia la responsabilidad de diseñar el nuevo modelo de organización territorial. Juan Manuel Fernández, miembro de la Comisión Permanente que elaboró el informe que avala el modelo uniprovincial y solo contempla "sedes desplazadas" para localidades que no sean la capital, defiende el dictamen que priva a Vigo de su actual estatus. Aunque dice que "aún hay tiempo para introducir matices"sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, admite que aún no ha decidido si presentará enmiendas.

–¿A qué se refiere el Poder Judicial cuando afirma que los partidos judiciales son compatibles con los nuevos Tribunales Provinciales de Instancia (TPI)?
–El nuevo modelo permite habilitar salas desplazadas pensando, aunque no se explicita, en ciudades grandes que no son capitales de provincia. Para nosotros este diseño es compatible con algo parecido a los partidos judiciales porque los asuntos de un determinado territorio se pueden seguir atribuyendo al juez de esa localidad. Antes de seguir quiero insistir en que nosotros no legislamos, nos ponen un texto sobre la mesa y sobre él hacemos observaciones.

–Asegura que no es correcto hablar de subordinación de la sede desplazada y al mismo tiempo se refiere a una sede principal. ¿Cómo será entonces la relación?
–Se le pueden dar diferentes denominaciones, pero lo importante es que orgánicamente no hay subordinación. Todos los jueces de la provincia, estén en la capital o en otras localidades, pueden actuar de forma colegiada, formando un tribunal, o individualmente. La nueva ley unifica criterios y favorece la movilidad para que si surge una necesidad puntual en una zona se pueda cubrir a un juez con otro de la misma provincia. El juez de Porriño a partir de ahora lo será de Pontevedra, se trabajará en una demarcación provincial y eso facilita la movilidad y evita problemas.

–¿Pero la sede principal es Pontevedra para toda la provincia?
–Que se hable de sede principal y desplazada con carácter peyorativo no tiene sentido. Desde el punto de vista orgánico todas las sedes van a ser iguales.

–La demanda de la excepcionalidad de Vigo se fundamenta en la carga de trabajo y la necesidad de conservar su autogobierno. ¿Con la reforma solo habría un presidente del TPI en Pontevedra?
–El presidente del TPI es único y está en la capital. El anteproyecto se basa en las provincias. ¿Si se puede plantear otro? Desde luego, como hizo la Xunta, atendiendo a demarcaciones más pequeñas. Pero el anteproyecto sitúa un presidente provincial y presidentes de cada una de las salas que lo integran.

–Vigo ha tenido muchos problemas para lograr nuevos órganos judiciales. ¿No cree que dejarla como sede desplazada será perjudicial para lograr más dotaciones judiciales en el futuro?
–Esas competencias corresponden a las salas de gobierno de los tribunales superiores autonómicos y en último término al CGPJ. Las decisiones a ese nivel no se van a residenciar solo en las provincias. Los tribunales superiores autonómicos tendrán un papel importante.

–Pero por no ser capital a Vigo le ha costado demasiado conseguir las sedes desplazadas de la Audiencia o un juzgado de lo Mercantil?
–(Interrumpe) Posiblemente vaya a tener más unidades judiciales con el nuevo modelo de organización. El número de unidades que integran cada sala se hará en función de las cargas de trabajo. Ahora mismo solo tenemos un anteproyecto de LOPJ y falta por aprobar una Ley de Planta que es la que indica cuántos órganos habrá y cuál será su ámbito territorial. Podemos especular y lo normal es que en el futuro haya más órganos judiciales donde esté la mayor carga de trabajo. Vigo podrá tener más órganos de los que tiene, pero ahora no lo sabemos.

–Si el objetivo es lograr una Justicia efectiva y da por hecho que se crearán órganos donde esté el trabajo, ¿no sería más razonable dotar de un TPI a Vigo que seguir reforzando una sede desplazada?
–Una de las ventajas de esta ley es que ofrece una mayor seguridad jurídica con la unificación de criterios. En la actualidad sobre un mismo asunto hay pronunciamientos contradictorios incluso dentro de una misma localidad. La nueva ley prevé que todos los magistrados de un determinado orden se reúnan para resolver determinados asuntos. La segunda ventaja es que pasamos de un modelo de juzgados donde cada sala tiene una estructura propia y realiza las mismas funciones que la de al lado a una oficina judicial que presta servicios comunes y donde los jueces actúan de manera más operativa. No sufren las trabas territoriales y orgánicas que imponen ahora el partido judicial y los juzgados.

–Eso no garantiza que Vigo ya no vaya a tener dificultades para seguir ganando órganos.
–¿Qué puede haber inconvenientes? Sí, ningún sistema es perfecto. Lo que ocurre, y creo que en eso hay unanimidad, incluso entre quienes están en contra del anteproyecto, es que la administración de justicia tiene que modernizarse. Y una de las condiciones es modificar su sistema organizativo. Ahora bien, si me pregunta si sería mejor un diseño diferente al provincial, es una opción. Lo respeto.

– Lo que se pide es una excepción con Vigo. No un cambio de modelo.
–Es factible introducir excepciones a la regla general.

–¿En algún momento de las reuniones de la Comisión Permanente se estudió el caso de Vigo?
–Para mí es una preocupación permanente.

–¿Entonces se abordó específicamente o no?
–Las declaraciones que hice en su día sobre las particularidades de Vigo no eran meramente protocolarias. Eran sinceras. Y por supuesto que se plasmó el caso de Vigo y de otras ciudades en situación similar como Gijón o Jerez. También se tuvo en cuenta en el informe la situación de pequeñas localidades tras la supresión de los partidos judiciales. Por eso proponemos mantener actividad jurisdiccional en las actuales cabeceras de los partidos judiciales o al menos en buena parte de ellas. Creemos que eso mejora el modelo del anteproyecto. Dejando claro que la situación de Vigo no es comparable a la de pequeños concellos y que su singularidad requiere mayor importancia.

–Pero en el modelo que defienden, incluso con todos los matices, Vigo debe conformarse con ser sede desplazada.
–La política judicial no la marca el CGPJ. Es importante aclarar que la iniciativa legislativa la tiene el Gobierno y que la nuestra es una labor consultiva. Pero nuestra función no es diseñar el nuevo modelo de organización territorial.

–No decide pero sí hace una propuesta y tiene peso para presionar y pedir cambios.
–En la conciencia ciudadana está la creencia de que es el Consejo el que decide las actuaciones que han de seguirse en política judicial, y no es así.

–¿Queda tiempo para introducir modificaciones en el informe definitivo del Poder Judicial?
–Lo dije antes. Hay un modelo, que es el del anteproyecto. Pero puede haber otro que reclame demarcaciones territoriales más pequeñas. Insisto en que lo fundamental no es lo que salga del informe del CGPJ, sino la tramitación parlamentaria.

–Pero su informe, reitero, tiene valor y aún pueden demandar la excepcionalidad de Vigo.
–-Por ahora hay un texto base y hasta el día 26 se pueden presentar matices y estudiar casos singulares como el de Vigo que aconsejan una puntualización. Todas las matizaciones que se hacen desde el CGPJ tienen la finalidad de tener en cuenta ese papel singular de la ciudad. En absoluto se la ha menospreciado. Podremos estar equivocados o no. Pero se hace con el fin de dar mejor servicio. No se va a obligar a los ciudadanos de Vigo a buscar justicia en lugares diferentes que no sean la ciudad.

–Insisto, el problema es que pese a las ajustes, para la Junta de Jueces de Vigo, el Consello da Avogacía y la propia Xunta no son suficientes. ¿Puede aún el Consejo reflexionar sobre esto?
–El informe definitivo se aprueba el día 26. Con lo cual por supuesto que hay tiempo y son cuestiones que se podrán introducir en el debate. Este documento de trabajo está originando un intento debate por la preocupación que tiene Vigo y otros aspectos como el aforamiento, la libertad de expresión y todo eso se tendrá en cuenta en el Pleno. Hay tiempo a introducir matices.

–Quizá el modelo más similar al funcionamiento del TPI es la Audiencia Provincial. Lograr sedes desplazadas costó mucho y éstas carecen de gestión propia. Incluso para gestiones de la biblioteca se depende de Pontevedra. ¿Lo ve justo?
–Los medios dotacionales son competencia de la Xunta y a la hora de proporcionar medios no lo hace en términos comparativos.

–Lo sabemos. Es solo un ejemplo concreto. El problema está en la base, en la organización.
– Por encima de los órganos gubernativos provinciales estará el papel de la sala de gobierno del TSXG, que tendrá un papel incluso más importante que el que tiene ahora para estas cosas.

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