Una reforma de larguísimo recorrido en las Cortes que podría durar 2 años

La tramitación de una ley orgánica tarda entre uno y dos años y su aprobación podría quedar en manos del próximo Gobierno

18.06.2014 | 13:21

Los cambios drásticos que la reforma de la LOPJ imprime en la forma de trabajar y de administrar justicia en España podrían quedar pendientes para la próxima legislatura. Los plazos se echan encima y como muy pronto la tramitación parlamentaria del texto legal no comenzaría hasta el mes de octubre. Expertos consultados por FARO señalan que enviado el informe del Consejo General del Poder Judicial al Gobierno, este debe remitírselo al Consejo de Estado para que se pronuncie y sería difícil que emitiera su valoración antes de que acabe julio. En todo caso. Llegue en julio o en septiembre, no es hasta finales de ese mes cuando se reanuda el periodo de sesiones y comenzaría formalmente la tramitación del proyecto de ley con los matices que decida incluir el Consejo de Ministros a la vista de los informes consultivos emitidos por el Poder Judicial, que votará el suyo el 26 de junio, el del Consejo Fiscal, y el del Consejo de Estado, que será el último en conocerse.

A partir de ahí arranca la andadura parlamentaria donde los cambios en el texto dependerán en exclusiva de las fuerzas políticas. Una vez que entre en el Congreso, la Mesa lo califica, lo remite a la Comisión de Justicia y allí completará su primer trámite y se expondrá por primera vez a las enmiendas de los grupos parlamentarios, que remitirán de nuevo el anteproyecto al Pleno. Los grupos de la oposición que tan beligerantes se han mostrado con el plan de Gallardón deberán echar el resto en las sesiones para modificar el mapa territorial y presionar para que se habiliten tribunales de instancia en ciudades grandes que, como Vigo, no son capitales de provincia y quedan relegadas como subsedes.

Se trata de un proceso largo, de "un mínimo de un año hasta dos", según los expertos, que aluden a la complejidad del texto, con más de 650 artículos, y a una normativa que contempla en primer lugar la votación de las enmiendas a la totalidad, en caso de que las haya, como así se espera, y luego un debate pormenorizado artículo por artículo. "En una ley de esta entidad no se puede aplicar el rodillo. Se requiere un acuerdo amplio o estará condenada a reformarse a muy corto plazo y no es lo deseable cuando se introducen cambios tan profundos", puntualizan los juristas.

Ponen como ejemplo del tiempo que se tarda en la tramitación el caso del proyecto de ley de reforma del Código Penal, texto informado por el Poder Judicial en octubre de 2012 y que más de un año y medio después sigue en las Cortes. También siguen en tramitación la nueva ley de jurisdicción voluntaria, la del registro civil, el código mercantil y la ley de navegación marítima que también fue informada por el CGPJ en noviembre de 2012 y aún no ha salido adelante.

En base a estas experiencias cabría esperar que la votación del proyecto de ley no pudiera realizarse antes de las próximas elecciones generales en noviembre de 2015. Y después del Congreso tendría que cumplir el trámite en el Senado antes de ser enviada al BOE para su entrada en vigor y aplicación.

Además de la premura de plazos, numerosos magistrados, la Xunta en sus alegaciones y el propio Consejo Fiscal advierten en su informe publicado el viernes que la reforma planteada por Gallardón "no tiene garantizada su ejecución" al carecer de una auténtica memoria económica que dote de fondos los importantes cambios previstos y los traslados. Para desarrollarla es necesario aprobar además la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el Código Procesal Penal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, normativas que sin ninguna duda quedarían pendientes para la próxima legislatura y sin las cuales no se puede aplicar el nuevo modelo uniprovincial que suprime partidos judiciales y centraliza la justicia en las capitales imponiendo un reparto provincial de los asuntos.

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