Polémica por el nuevo modelo de organización de la Justicia

Partido Judicial Vigo: El juez decano apela a los partidos para que con sus enmiendas "recojan la singularidad de Vigo"

Germán Serrano asegura que "ha pasado la época de los informes y es la hora del poder legislativo". Recuerda que las alegaciones de los magistrados vigueses "dan razones suficientes" para que la ciudad conserve su estatus

18.06.2014 | 13:23
El alcalde, en la reunión con sindicatos donde anunció la protesta.

La defensa de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del modelo uniprovincial de la Justicia que promueve el ministro Gallardón y que privará a Vigo de su actual estatus como sede -con autonomía y plenas competencias- y la subordina a Pontevedra ha caído como un jarro de agua fría entre los profesionales de la justicia de la ciudad. El colectivo esperaba que los seis miembros de la comisión atendiesen las razones de peso que hacen de Vigo un caso excepcional en el conjunto del Estado e instasen al ministerio a recoger esta singularidad en su texto legislativo. Sin embargo, magistrados, fiscales y procuradores coinciden en que aún queda un margen, de hecho el más importante, para reconducir una situación que condenaría a Vigo, en el mejor de los casos, a tener la consideración de sede desplazada, sin capacidad de maniobra ni de actuación. Y es ahí tienen depositadas su esperanzas: que el destino de la sede judicial de Vigo se salve en la tramitación del texto en el Congreso de los Diputados. En este ámbito el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, pero tanto el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, como la formación popular de Vigo ya han pedido cambios al ministerio.

Germán Serrano, juez decano de Vigo, apela precisamente a los partidos políticos para que hagan los cambios oportunos en la ley durante su proceso de debate parlamentario, en caso de que el anteproyecto derive a proyecto de ley en los mismos términos que en la actualidad. "Los proyectos legislativos se discuten en las Cortes, y ahora es el momento de que los grupos parlamentarios, a través de una encimenda, hagan lo posible para que se recoja la singularidad del partido judicial de Vigo", asegura. En este sentido, evita calificar el dictamen del Poder Judicial y prefiere echar la vista hacia adelante: "Ha pasado la época de los informes y es la hora del poder legislativo", insiste Serrano, que no alberga dudas de que Vigo reúne sobrados requisitos para conservar su actual estatus. "Me remito íntegramente al informe de la junta de jueces de Vigo que recoge razones más que suficientes para defender la idoneidad de nuestro partido judicial".

Un proyecto con lagunas

La fiscal jefe de Vigo, Susana García-Baquero Borrell, apunta a otro de los flancos más débiles del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que en este caso aparece reflejado en el informe del Consejo Fiscal y es su inconsistencia desde el punto de vista técnico. "[El anteproyecto] No incluye un reglamento de desarrollo ni una memoria económica; sin eso es imposible saber qué va a suceder; sin eso es de muy difícil ejecución".

García-Baquero señala otra carencia, a su juicio, determinante que añade más incertidumbre a la situación: "No es una ley que se haya redactado paralelamente a la Ley de Demarcación de Planta Judicial, a la de la reforma del Código Procesal Penal y a la del Estatuto del Ministerio Fiscal. ¿Qué sucederá? Pues nadie lo sabe", se contesta para advertir que "sin la Ley de Demarcación es difícil saber en qué situación van a quedar los tribunales de instancia; por ejemplo, ¿dónde va a estar la sede de los tribunales de lo Social: en Vigo o en Pontevedra?, se pregunta la fiscal jefe. La junta de fiscales de Vigo presentó alegaciones a la reforma del ministro Gallardón en las que se exigía para Vigo un partido judicial propio que incluya su área metropolitana .

Por su parte, el decano de los procuradores, Manuel Castells, lamenta la decisión del CGPJ, que "ha obviado las alegaciones de Vigo", pero llama a "todos los operadores jurídicos de la ciudad a tomar una posición común contra ese informe, que no es vinculante pero sí significativo". Castells es partidario de adoptar "acciones reivindicativas" para que el Gobierno "tome en consideración" los datos que avalan nuestro partido judicial.

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