La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respalda el nuevo mapa territorial propuesto por Gallardón y su modelo uniprovincial de la Justicia que deja a Vigo sin una sede autónoma con plenas competencias y la convierte en mera sucursal de Pontevedra. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ) aprobado el 4 de abril en Consejo de Ministros suprime 41 de los 45 partidos judiciales que hay actualmente en Galicia. Los sustituye por Tribunales Provinciales de Instancia con sede en las capitales. Y el único matiz que introduce el máximo órgano de gobierno de los jueces es la posibilidad de "permitir sedes desplazadas" en localidades que no sean la capital, pero deja la decisión en manos del Ministerio de Justicia.
El dictamen del CGPJ es preceptivo, pero el Gobierno no está obligado a asumir su contenido. El publicado ayer es además un primer informe en el que se pueden introducir cambios hasta que el día 26 de junio sea llevado al Pleno del Poder Judicial para votación. Compete a partir de ahí a Gallardón y a su equipo decidir si aceptan o no las propuestas del documento y redactar el texto definitivo para presentarlo en el Congreso. El presidente de la Xunta volvió a exigir el jueves que la nueva ley reconozca el caso "singularísimo" de Vigo.
El informe del Poder Judicial desoye las severas advertencias de inconstitucionalidad formuladas por el Tribunal Supremo contra la reforma, las críticas a la centralización por parte de la Comisión Nacional de Jueces Decanos o la petición de "cambios de profundo calado" realizada por la Audiencia Nacional. Tampoco ha tenido en cuenta los informes basados en sus propias estadísticas anuales que demuestran que el partido judicial vigués quintuplica en número de asuntos al de Pontevedra y atiende 3,5 veces más población, además de ser un caso único por disponer de una universidad, un puerto de interés general y un consorcio estatal. Todas estas cuestiones que incluso la Comisión Europea recomienda atender en sus directrices quedan relegadas por un criterio territorial.
Aunque el informe está sujeto a cambios, el hecho de que no solo no critique la distribución basada en las capitales de provincia, sino que afirme que "se presenta como una organización idónea y adecuada" que permite "adaptarla a las necesidades del momento sin necesidad de crear nuevos órganos judiciales" deja claro su aval público al modelo uniprovincial de Gallardón. El texto no contempla ninguna excepción. Sostiene que esta nueva distribución "permite una mayor racionalización y economía de los medios materiales y personales y resulta coherente con el modelo de oficina judicial diseñado por las Leyes Orgánicas 1/2009 y 13/2009".
Anticipo de Lesmes
El contenido coincide con lo manifestado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que participó en la redacción del borrador del anteproyecto, el miércoles en Burgos. La Comisión Permanente del máximo órgano de los jueces plantea "si es posible la pervivencia de órganos judiciales fuera de las capitales" y, más concretamente, si se puede "permitir sedes desplazadas no solo respecto de las salas sino también de sus secciones y unidades". No concreta en qué situaciones habría que realizar esta concesión y señala que la decisión última debe tomarla el Ministerio de Justicia, pese a que Lesmes puso a Vigo como ejemplo de ciudad donde se deberían habilitar órganos delegados que seguirían dependiendo de Pontevedra y no colman las expectativas de los sectores judicial, económico y político de Vigo, que llevan meses exigiendo la retirada del anteproyecto de los populares.
Este informe preliminar del Poder Judicial lo pactaron los cinco vocales de la Comisión Permanente del CGPJ y su presidente. El vocal para Galicia, Juan Manuel Fernández, insistía ayer en que ahora debe someterse al conjunto de los 20 vocales del órgano, aunque reconoce que la posibilidad de que en una misma provincia haya dos tribunales de instancia con plenas competencias está "muy lejos" de la filosofía y contenido del anteproyecto. "Se trata de un informe consultivo. La iniciativa legislativa no es del Poder Judicial y durante la tramitación parlamentaria se pueden introducir cambios". Prefiere ser cauto hasta que se pronuncien todos los miembros del Consejo, aunque entiende que "en términos generales se da una solución a la necesaria racionalización de sedes y se posibilita que Vigo acoja alguna sede delegada del tribunal de instancia con sede en Pontevedra".
Antes de llegar al Congreso, según pudo saber FARO de fuentes próximas al Poder Judicial, algunos vocales progresistas van a presentar alegaciones para tratar de que se reconozca la excepcionalidad del caso vigués apoyado en datos numéricos e incluso barajan presentar un texto alternativo para someterlo a votación en el Pleno del día 26.
El único aspecto en el que el dictamen del Poder Judicial apoya en cierto modo las demandas de funcionarios, abogados, procuradores y magistrados de la ciudad es en pedir que se cuestione la supresión de las Juntas de Jueces y Jueces Decanos. "Teniendo en cuenta la naturaleza democrática y efectivas de estos órganos y las funciones relevantes que vienen realizando, podría no ser del todo acertada su supresión", puntualizan. Es una excepción, porque también respecto a la emisión de opinones, el Poder Judicial apunta que las limitaciones que introduce el anteproyecto "pueden considerarse justificadas y proporcionales", algo que rechazan Supremo, Audiencia Nacional y asociaciones de profesionales de forma unánime.
